Nueve profesionales de la salud se encuentran en poder de un grupo armado ilegal que opera en el corregimiento de Belén. Organizaciones defensoras de derechos humanos calificaron el hecho como una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario.
La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos en Colombia urgió este martes la liberación “inmediata, sanos y salvos” de los nueve profesionales de la salud que, según autoridades locales, fueron retenidos en el occidente del Huila por integrantes de un grupo armado no estatal.
“Reiteramos a los grupos armados no estatales su obligación de respetar el Derecho Internacional Humanitario que establece la protección irrestricta de la misión médica”, señaló el organismo en su comunicado oficial.
De acuerdo con fuentes regionales, los hechos ocurrieron en el corregimiento de Belén, jurisdicción de La Plata, donde hacen presencia estructuras del Estado Mayor Central (EMC), entre ellas los frentes Dagoberto Ramos, Hernando González Acosta e Isaías Pardo, que operan entre el Huila y el Cauca.
El defensor de derechos humanos Leonardo González Perafán advirtió que la retención constituye “una grave infracción al Derecho Internacional Humanitario y una violación directa al principio de protección a la misión médica, que debe ser respetada en todo tiempo y lugar”. Recalcó, además, que atacar a quienes salvan vidas “es atentar contra la dignidad de toda la sociedad”.
Autoridades locales activaron los mecanismos humanitarios con apoyo del Ministerio del Interior y la Gobernación del Huila para lograr la liberación segura del grupo. La Defensoría del Pueblo también expresó preocupación por el aumento de agresiones contra personal sanitario en zonas de conflicto.
Según los Convenios de Ginebra y su Protocolo II, la misión médica goza de protección especial, hecho que obligan a todas las partes en conflicto, estatales o no estatales, a respetar al personal, vehículos e instalaciones médicas. Su violación puede considerarse un crimen de guerra.
Este caso, según varios opinadores, vuelve a mostrar la fragilidad del control estatal en regiones con fuerte presencia armada, donde la labor humanitaria continúa siendo un acto de riesgo y resistencia civil.
