La Fiscalía y la Dijín desarticularon una organización que habría montado un entramado de empresas fachada para legalizar hidrocarburo robado. Siete personas fueron judicializadas por delitos como apoderamiento ilícito de hidrocarburos, falsedad documental y enriquecimiento ilícito. En cuatro años, el grupo habría acumulado un patrimonio superior a los 9 millones de dólares.
En una operación conjunta entre la Fiscalía General de la Nación y la Dirección de Investigación Criminal e INTERPOL (Dijín), fue desmantelada una organización criminal que, a través de un entramado de empresas fachada, habría legalizado hidrocarburo sustraído fraudulentamente del oleoducto Caño Limón – Coveñas y de pozos convencionales en varias regiones del país.
El grupo, autodenominado ‘Los de Cuello Negro’, operaba principalmente desde Barrancabermeja y Sabana de Torres (Santander), Galapa y Barranquilla (Atlántico), y Cúcuta (Norte de Santander).
Según las autoridades, se valían de documentos falsificados, sobornos a miembros de la fuerza pública y maniobras ilícitas para mover el crudo robado desde puntos clandestinos hasta centros de acopio y plantas de tratamiento, donde era transformado y posteriormente comercializado como si fuera legal.
Las evidencias recopiladas muestran que el grupo habría logrado sustraer más de 32.500 galones de crudo y obtener ganancias mensuales cercanas a los 2.000 millones de pesos, alcanzando en cuatro años un patrimonio superior a los 9 millones de dólares.
En el marco de la investigación, siete personas fueron judicializadas por su presunta participación en la red criminal dedicada a la legalización y comercialización de crudo robado.
Entre los capturados se encuentra Germán Arturo Sánchez Sánchez, identificado como el cabecilla del grupo y principal coordinador de toda la operación ilegal, que incluía la sustracción, transporte, almacenamiento y distribución del hidrocarburo.
También fueron detenidos Ricardo Pacheco López, administrador de una planta en Barrancabermeja donde se almacenaba y evaluaba el crudo; Luis Beltrán González Acuña, representante de una empresa de lubricantes en Cúcuta, implicado en su acopio y venta; y Óscar Luis Pastrana Martínez, ingeniero químico señalado de realizar procesos técnicos para mejorar la calidad del producto en una planta de Galapa.
Así mismo, Fabricio Patiño Cabrejo, Adriana Durán Otavo e Ingrid Galeano Rojas habrían cumplido roles clave en la reventa del hidrocarburo y en maniobras para ocultar su origen ilícito.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Organizaciones Criminales imputó a los investigados los delitos de concierto para delinquir agravado, apoderamiento ilícito de hidrocarburos, enriquecimiento ilícito, cohecho por dar u ofrecer y falsedad en documento privado.
