A través de su cuenta en X, el afamado catedrático e investigador español alertó sobre los riesgos de atenuar el límite normativo frente al poder político. Su crítica apunta no solo al contenido de las ideas, sino al rol que juegan algunos constitucionalistas al “desarmar” la Carta para fines coyunturales.
El jurista español Juan Antonio García Amado, catedrático de Filosofía del Derecho de la Universidad de León, se sumó al debate desatado por las recientes declaraciones del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien afirmó que una norma constitucional puede considerarse inconstitucional.
Para García Amado, esa afirmación no responde a un razonamiento jurídico serio, sino a una estrategia de legitimación política. A juicio del filósofo, el problema no radica únicamente en que un miembro del Gobierno intente reinterpretar la Constitución, sino en que un académico de prestigio lo haga bajo ropaje doctrinal.
“Erramos si las tomamos como planteamientos que tienen alguna pretensión de seriedad en el plano de la teoría constitucional o jurídica en general”, escribió. En su opinión, no se trata de tesis teóricas sino de “posturas sin más intención que la pragmática: desarmar las constituciones para que dejen de plantear cualquier tipo de límite real y efectivo al poder político en ejercicio”.
La crítica cobra un matiz más severo cuando el autor señala el papel instrumental que ciertos constitucionalistas desempeñan dentro de este giro ideológico. “Si la dice un presidente o un político cualquiera, todos se le echan encima y le dicen que no se toma en serio la Constitución. Pero si lo afirma un constitucionalista, su prestigio sirve al político que quiere liberarse de ataduras jurídicas”, advirtió.
García Amado conoce de cerca el caso colombiano. No solo ha sido profesor invitado en múltiples universidades del país, sino que ha seguido de cerca la evolución de la Corte Constitucional y sus doctrinas. De hecho, reconoce que el propio Montealegre fue uno de los impulsores de la llamada teoría de la sustitución constitucional, que limita las reformas que puedan alterar los pilares estructurales del orden de 1991.
Sin embargo, lamenta que hoy esas doctrinas sirvan como herramientas para debilitar el valor vinculante de la norma constitucional. “La sociedad queda desconcertada al ver cómo el experto en constituciones dice que la suya se puede desmontar y dejar sin fuerza sin que eso signifique violarla”, comentó, apuntando al daño que este tipo de argumentaciones produce sobre la confianza pública en el derecho como límite del poder.
En su análisis, el filósofo advierte que detrás de esta flexibilidad interpretativa no hay un proyecto político claro, sino una estrategia de corto plazo para dar margen a quienes gobiernan. “No acierta uno a ver cuál es el programa político que hay detrás, cuán firmes son las convicciones de los agentes de la destrucción constitucional”, concluye.
Para García Amado, la verdadera amenaza no es que se reforme la Carta, sino que se vacíe de contenido normativo. “Cuando el derecho se convierte en argumento del poder, el Estado de Derecho deja de serlo”, puntualizó.
