Drummond y Antonio Sanguino protagonizan nuevo capítulo en controversia sobre paramilitarismo

A través de un comunicado, la compañía aseguró que nunca ha hecho acuerdos con organizaciones ilegales y advirtió sobre un “cartel de falsos testigos”, recordó además que en procesos judiciales previos no se han probado vínculos con estructuras armadas.

El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, lanzó este martes una acusación directa contra la multinacional Drummond Ltd. en la red social X. Según el funcionario, la compañía habría financiado estructuras paramilitares en Colombia y hoy pretende “ponerse por encima de la justicia”.

“La Drummond no solo financió paramilitares en Colombia: ahora pretende desafiar la soberanía y ponerse por encima de nuestra justicia. Sus dólares manchados de sangre no acallarán la verdad”, escribió Sanguino. En el mismo mensaje sostuvo que “ninguna transnacional va a suplantar nuestra democracia ni a hacer negacionismo histórico del paramilitarismo”.

Horas más tarde, Drummond respondió en la misma plataforma digital. La empresa aseguró que nunca ha hecho acuerdos con organizaciones ilegales y pidió al ministro no dejarse engañar por lo que denominó un “cartel de falsos testigos”. La compañía añadió que los fallos judiciales hasta la fecha respaldan su posición.

Este intercambio se inscribe en un debate que no es nuevo. En 2014, Drummond divulgó una “Carta Abierta” en la que respondió al informe The Dark Side of Coal, publicado por la ONG holandesa PAX. En ese documento negó vínculos con grupos armados, cuestionó la validez de los testimonios en su contra y denunció pagos a excombatientes utilizados como testigos en litigios internacionales.

La empresa insistió entonces en que todos los procesos adelantados en Estados Unidos concluyeron sin pruebas de colaboración con paramilitares, mientras que calificó las acusaciones como parte de una estrategia basada en versiones contradictorias.

Finalmente, este enfrentamiento entre Sanguino y Drummond ocurre mientras persisten reclamaciones históricas de sindicatos y comunidades en el Cesar y el Magdalena, que han señalado la necesidad de esclarecer responsabilidades durante los años de mayor presencia paramilitar en esas regiones. Hasta ahora no se ha emitido un pronunciamiento oficial de la Presidencia de la República.