Después de sobrevivir seis años de secuestro en la selva a manos de las Farc, Clara Rojas se suma a la voz de las víctimas que hoy expresan su «decepción» e «indignación» ante la primera sentencia de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) que, sin establecer penas de cárcel, permite a sus captores participar en política. Las víctimas consideran que la condena contra los exjefes guerrilleros es un «fallo a medias» y un símbolo de impunidad, y analizan la posibilidad de apelar la decisión en tribunales internacionales.
En el programa «Mujeres a Carta Cabal», Clara Rojas, símbolo de las miles de personas que padecieron la crueldad del secuestro en Colombia, ha alzado su voz para calificar de «total impunidad» la reciente sentencia de la JEP contra los excomandantes del secretariado de las Farc.
La decisión de la justicia transicional, que impone sanciones restaurativas de hasta ocho años, pero sin un solo día de prisión, ha reabierto las heridas de quienes sufrieron el flagelo del cautiverio.
La exsecuestrada expresó su «enorme decepción» y su total desacuerdo con un fallo que, a su juicio, no guarda «un sentido de proporcionalidad con la dimensión del daño causado».
Rojas cuestiona la «verdad plena» que la JEP asegura haber recibido, ya que muchas víctimas no se sienten reparadas y, en su caso particular, asegura que nunca le han dicho por qué fue secuestrada.
La principal crítica de Rojas y otras víctimas radica en la falta de reparación moral, ética y económica que, según ellas, la sentencia no contempla.
«Este fallo no concretó todo el sufrimiento que se vivió en el secuestro. Nos quedamos con las manos cruzadas. Es una justicia a medias», señaló durante el programa.
La posibilidad de que los exjefes de las Farc puedan participar en política sin haber pagado un solo día en prisión es, para Rojas, una muestra de que «no hay reparación ni directa ni moral ni económica de ningún tipo».
Ante este escenario, un grupo de víctimas, incluida Clara Rojas, está evaluando llevar el caso a instancias internacionales como la Corte Penal Internacional (CPI) o la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en busca de una justicia que, sienten, no han encontrado en su propio país.
Su llamado refleja el dolor y la frustración de una sociedad que aún busca cerrar las heridas de un conflicto que dejó a miles de familias marcadas por el secuestro.
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