La fiscal tercera delegada contra el lavado de activos advirtió que su autonomía se ve comprometida en el proceso contra Nicolás Petro Burgos. En un comunicado cuestionó la designación de un fiscal de apoyo y alertó sobre riesgos a la imparcialidad.
Un documento interno de la Fiscalía General de la Nación reveló tensiones alrededor del proceso que se adelanta contra Nicolás Fernando Petro Burgos, hijo del presidente Gustavo Petro. La fiscal tercera especializada contra el lavado de activos, a cargo del caso, Lucy Laborde, envió una comunicación formal a la Fiscal General, Luz Adriana Camargo, y al Vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero, en la que solicita aclaraciones y garantías frente a decisiones administrativas que —según ella— comprometen su independencia funcional.
El núcleo de la controversia está en la designación de la fiscal María Isabel Ramírez Meléndez como apoyo en el proceso, decisión adoptada por resolución de la Delegada para las Finanzas Criminales. La funcionaria a cargo del caso asegura que esa medida no responde a necesidades reales del despacho y que, por el contrario, genera dudas sobre la transparencia de la investigación.
“Esto no guarda relación alguna con las necesidades del despacho, por cuanto el proceso seguido contra Nicolás Petro Burgos ha sido adelantado de manera íntegra, ajustada y sin dilaciones. Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente para continuar al frente de este caso”, afirmó en la misiva.
La fiscal también advirtió que la introducción de figuras externas sin petición previa puede alterar el equilibrio institucional. “La introducción de figuras como fiscales de apoyo sin solicitud previa, las reuniones convocadas sin claridad sobre su finalidad y el desconocimiento de mi rol titular, afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia”, recalcó.
En el documento describe que durante más de un año adelantó sola la investigación, soportando la carga mediática y judicial. Por ello cuestiona la oportunidad de la designación. “Llama la atención que después de un año de adelantar sola un proceso mediático y de alto impacto, se haya designado otro fiscal justo cuando se solicita audiencia de imputación, lo cual genera dudas sobre la motivación de esta decisión”, se lee en otro de los apartes.
Finalmente, la funcionaria solicita intervención desde los altos mandos para garantizar independencia. “Solicito medidas necesarias para garantizar el respeto de mi autonomía e independencia, así como la imparcialidad que prevalece sobre el principio de unidad de gestión, cuando éste se ejerce de forma arbitraria o desconoce la independencia funcional de los fiscales delegados”, puntualiza la fiscal tercera especializada contra el lavado de activos.
