La institución educativa destituyó a su secretario general y tomó medidas disciplinarias tras el escándalo por el grado de la funcionaria designada en el Ministerio de Juventudes. El debate se centra en la falta de registro del Saber Pro y en la actualización de la hoja de vida de Guerrero en medio de la controversia.
En un comunicado, la institución explicó que abrió una investigación interna para revisar los procesos académicos en los que se detectaron irregularidades. La medida busca, según la directiva, “salvaguardar la integridad y el prestigio institucional” y cortar de raíz prácticas administrativas que comprometieron la transparencia.
El caso estalló cuando se comprobó que Guerrero no presentó el examen Saber Pro, requisito obligatorio para graduarse en Colombia. La universidad informó que quedó inscrita para presentarlo en noviembre, pero ese ajuste no resuelve la brecha que hoy genera cuestionamientos públicos sobre la validez de su diploma.
Guerrero, por su parte, aseguró que se graduó el 19 de julio y actualizó de inmediato su hoja de vida en las plataformas oficiales. “Realmente yo no escojo cuándo me gradué; la universidad fue la que fijó la fecha. El problema es que nunca me preguntaron mi versión”, señaló. También defendió su experiencia previa: “Tengo la experiencia para desarrollar la política pública de juventudes”.
A pesar de esas explicaciones, la polémica sigue abierta. Persisten dudas sobre la legalidad del proceso académico y la coherencia de las fechas consignadas en su historial. Además, Guerrero reconoció que aún no tiene tarjeta profesional, requisito que exige un año de experiencia adicional. “Cumplo el requisito del título académico, aunque apenas me gradué y la tarjeta profesional exige un año de experiencia”, dijo en varias entrevistas.
El desenlace está en manos del Gobierno. Guerrero todavía no se ha posesionado, y aunque su hoja de vida fue publicada como paso previo al nombramiento, la controversia académica y el desgaste reputacional ponen en entredicho su llegada al cargo.
