Revista Semana reveló denuncias sobre presuntos malos manejos en la Unidad de Víctimas, entidad clave para la reparación de más de nueve millones de colombianos. El artículo señala vínculos con el senador Gustavo Moreno, cuestiona la contratación de allegados políticos y advierte que solo se ha ejecutado el 24% del presupuesto de 2025.
La Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas enfrenta nuevas denuncias de presunto clientelismo y mala administración. Según un informe publicado por la revista Semana, la entidad habría sido captada por un grupo político cercano al senador Gustavo Moreno, a través de nombramientos de confianza y contrataciones dirigidas a sus aliados.
El director de la Unidad, Adith Rafael Romero Polanco, es señalado por su falta de experiencia en el sector y por mantener vínculos con el clan político de Santander. La investigación advierte que la entidad maneja un presupuesto de 4,5 billones de pesos para 2025, pero hasta ahora solo ha ejecutado un 24% de esos recursos.
A las críticas por baja ejecución se suman denuncias sobre sobrecostos en contratos de transporte y adquisiciones. En algunos casos, servicios que costarían 70.000 pesos fueron facturados en más de 300.000. Igualmente, se reporta la presencia de contratistas sin experiencia, pagos retenidos sin justificación y supuestos maltratos laborales que han generado temor para denunciar internamente.
Los funcionarios vinculados al escándalo enfrentan indagaciones an varios frentes. La Contraloría General revisa contratos y órdenes de compra, mientras se espera una eventual intervención de la Procuraduría y la Fiscalía. Entre tanto, en los pasillos de la entidad sostienen que el clima laboral es de intimidación, con jornadas extendidas y exigencias por fuera de lo estipulado en los contratos.
Finalmente, el reportaje también plantea la posibilidad de que los recursos de la Unidad se utilicen con fines electorales, de cara a las elecciones de 2026. En ese contexto, la controversia no solo golpea la credibilidad del Gobierno, sino que amenaza con afectar a millones de víctimas que dependen de la reparación y de las medidas de atención que la entidad debería garantizar.
