El alto tribunal advirtió vacíos jurídicos, fiscales y de garantías para las víctimas en la iniciativa presentada por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre.
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia envió a la Comisión Primera de la Cámara de Representantes un concepto sobre el proyecto de Ley de Sometimiento, iniciativa del ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, orientada al desmantelamiento y sometimiento de organizaciones criminales mediante beneficios penales a cambio de colaboración con la justicia y reparación a las víctimas.
La presidenta de la Sala, Myriam Ávila Roldán, planteó múltiples reparos:
- Falta de deliberación pública y ausencia de consensos sólidos en una propuesta de alto impacto en política criminal.
- Déficit en garantías a las víctimas, que deben ser incluidas en la definición de medidas que aseguren verdad, justicia, reparación y no repetición.
- Inexistencia de análisis fiscal e institucional, pues se asignan nuevas cargas a la rama judicial y al sistema penitenciario sin recursos claros ni estudios técnicos de costos.
- Carencia de mecanismos de verificación para el cumplimiento de medidas restaurativas y reparaciones colectivas, a diferencia de lo contemplado en Justicia y Paz y en la JEP.
- Reserva de ley estatutaria, por lo que la Corte advierte que no puede tramitarse como ley ordinaria.
- Preocupación por beneficios a criminales sin antes garantizar la política de atención y reparación de víctimas.
- Exclusión obligatoria de desmovilizados reincidentes en delitos, pues su inclusión desconoce la finalidad constitucional de la no repetición.
- Falta de conexión con la protesta social, al pretender incluir a personas procesadas por disturbios en ese marco.
En ese sentido, el tribunal concluyó que la iniciativa presenta vacíos y asimetrías sensibles que podrían vulnerar derechos fundamentales, además de generar riesgos fiscales e institucionales si se aprueba en los términos actuales.
