Según el denunciante, las instituciones habrían difundido mensajes con contenido político en sus redes sociales oficiales.
A través de sus redes sociales, un ciudadano llamado Hernando José Cortés Luna solicitó a la Procuraduría General de la Nación abrir una investigación disciplinaria contra varias entidades del Gobierno Nacional por la presunta utilización de redes sociales institucionales con fines distintos a los misionales, en posible incumplimiento de la Ley 2345 de 2023, denominada “Chao marcas de gobierno”.
En el escrito, dirigido al procurador general Gregorio Eljach Pacheco, Cortés Luna argumentó que diferentes organismos del orden central —entre ellos la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), el Instituto Geográfico Agustín Codazzi (IGAC), la Imprenta Nacional y ministerios como Ambiente y Comercio— habrían difundido mensajes relacionados con iniciativas legislativas del Gobierno, en especial sobre la reforma al sistema de salud actualmente en trámite en el Congreso.
https://x.com/HernandoCortesL/status/1969010372603433201?t=ARvHbjDU1OSfMZ93xUJaLQ&s=19
Según la solicitud, los mensajes publicados en cuentas oficiales no se limitaron a la información objetiva sino que incorporaron un componente de opinión política favorable al Ejecutivo. “Los mensajes ostentan un contenido político innegable, toda vez que emiten juicios de valor y no información objetiva”, señala el documento.
El denunciante precisó que el Gobierno Nacional emprendió recientemente una campaña coordinada en distintas plataformas para promover mensajes sobre la reforma, lo que —a su juicio— constituye una vulneración del principio de neutralidad en el manejo de los medios públicos y de las redes sociales institucionales.
En su declaración pública, Cortés Luna sostuvo: “Continuo trabajando por la defensa de la neutralidad en los medios públicos. Ayer radiqué un escrito ante la @PGN\_COL solicitándole investigar a entidades del Gobierno que hayan utilizado las redes sociales institucionales para fines distintos a los misionales”.
La Procuraduría deberá determinar si los hechos denunciados configuran una infracción disciplinaria de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 2345 de 2023, norma que prohíbe el uso de símbolos, marcas o recursos institucionales con fines de propaganda política.
