El organismo de control expresó su “profunda indignación” por la muerte de siete personas privadas de la libertad y pidió al Estado asumir con urgencia sus responsabilidades frente al hacinamiento y las condiciones indignas en centros de detención transitoria.
La Defensoría del Pueblo calificó como una señal de alarma el incendio en la estación de Policía de Funza, donde murieron siete personas privadas de la libertad y cinco más permanecen en estado crítico.
El organismo advirtió sobre las fallas estructurales del sistema de detención en Colombia y expresó su “profunda indignación, consternación y tristeza”.
También advirtió que este hecho no puede tratarse como un episodio aislado, sino como una alarma sobre las fallas estructurales que persisten en los centros de detención transitoria.
Según la Defensoría, la crisis se relaciona con la inacción histórica de entidades territoriales que no han cumplido con su deber de construir establecimientos de reclusión ni celebrar convenios con el INPEC para el traslado oportuno de personas privadas de la libertad.
El organismo instó al Congreso a legislar con claridad sobre las competencias en materia penitenciaria y al Gobierno nacional a presentar el proyecto de ley previsto en la Ley 2197 de 2022 para definir responsabilidades y financiación de los entes territoriales.
“La inacción no puede seguir siendo la respuesta: su costo son vidas humanas, como las que hoy enlutan a las familias”, subrayó.
La Defensoría aseguró que ha desplegado acompañamiento humanitario y jurídico a los familiares y sobrevivientes, y que participará en la coordinación interinstitucional liderada por la Procuraduría General.
Además, pidió investigaciones “prontas, imparciales y transparentes” para esclarecer la verdad, establecer responsabilidades y garantizar justicia.
El comunicado también exigió a EPS, IPS y a la Policía Nacional fortalecer la articulación para garantizar traslados seguros de pacientes a clínicas de mayor complejidad, protegiendo en todo momento los derechos de las personas detenidas.
“La dignidad humana es un derecho inviolable que no se suspende en contextos de detención. El respeto por la vida y la integridad debe guiar todas las actuaciones del Estado”, concluyó la Defensoría del Pueblo.
