El tribunal recordó que existe un deber legal de colaboración con sus requerimientos y advirtió sobre consecuencias si persiste el incumplimiento por parte del Legislativo.
La Sala Plena de la Corte Constitucional, mediante auto proferido por el magistrado Jorge Enrique Ibáñez Najar, accedió a una nueva solicitud de prórroga presentada por la Cámara de Representantes en el proceso de inconstitucionalidad contra la Ley 2381 de 2024. Esta norma creó el Sistema de Protección Social Integral para la Vejez, Invalidez y Muerte de origen común, y fue demandada por la ciudadana Paloma Valencia por presuntas violaciones al orden constitucional.
Aunque el informe requerido había sido solicitado desde el 22 de julio, no fue entregado dentro de los plazos inicialmente fijados. La Corte, al evaluar la petición, decidió ampliar el término. “El plazo se prorroga únicamente hasta el diecinueve (19) de septiembre de dos mil veinticinco, a las cinco de la tarde, fecha en la cual deberá haberse allegado la totalidad de la información requerida”, se lee en el auto interlocutorio.
El tribunal fue enfático en señalar que este requerimiento no constituye una nueva solicitud, sino el cumplimiento de una orden previamente impartida. Además, recordó que el artículo 50 del Decreto 2067 de 1991 impone a los servidores públicos la obligación de colaborar con la Corte en el ejercicio de sus funciones.
“No se trata de una solicitud nueva o adicional. El incumplimiento reiterado podría dar lugar a consecuencias jurídicas, conforme lo dispone la normativa vigente”, advirtió el magistrado Ibáñez.
Algunos analistas interpretan este llamado de atención como una advertencia institucional ante las dilaciones que comprometen el desarrollo del control constitucional. La mora en allegar los informes solicitados ha sido una constante en varios procesos recientes, lo que ha generado preocupación en sectores académicos y jurídicos por la falta de respuesta oportuna por parte del Congreso.
Finalmente, la decisión fue notificada oficialmente a la Presidencia de la Cámara, con instrucciones precisas para que toda la información sea remitida dentro del nuevo plazo. Solo así podrá reanudarse el estudio de fondo sobre la constitucionalidad de la Ley 2381, que busca reformar el sistema de protección social en el país.
