Sobrevivientes de secuestros en el Huila cuestionaron la primera sentencia contra siete exintegrantes del Secretariado, al considerar que el fallo desconoce a las víctimas y termina beneficiando a sus victimarios. Critican que la justicia transicional no ha garantizado verdad ni reparación.
Varios huilenses que sufrieron secuestros en manos de las FARC manifestaron su rechazo a la primera sentencia emitida por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contra siete exintegrantes del último Secretariado de esa guerrilla.
El excongresista Jaime Felipe Lozada Polanco, secuestrado en la toma del edificio Miraflores en Neiva en 2001, sostuvo que la decisión confirma que las víctimas no fueron el centro del acuerdo de paz. “Con la decisión de la JEP se ratifica que nunca fuimos el núcleo del acuerdo, sino nuestros victimarios”.
Por su parte, el diputado Armando Acuña, plagiado en 2009 cuando era concejal del municipio de Garzón, calificó la sentencia como un golpe doloroso. “Es un fallo irrisorio, un baldado de agua fría para quienes sufrimos el rigor de la guerra. Y más aún cuando no se alcanzó la tan anhelada paz”.
En la misma línea, Aníbal Rodríguez, también víctima del secuestro del edificio Miraflores en Neiva, en 2001, aseguró que los exjefes guerrilleros no han cumplido con sus compromisos. “Esperábamos la exclusión del Secretariado del proceso, porque no han contribuido ni a la verdad ni a la reparación”.