Rodrigo Londoño, Pablo Catatumbo, Rodrigo Granda, Pastor Alape, Julián Gallo, Milton Toncel y Jaime Parra fueron hallados responsables de crímenes de guerra y lesa humanidad. Cumplirán sanciones restaurativas durante ocho años.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) dictó este martes una sentencia histórica en el caso sobre secuestros cometidos por las antiguas Farc-EP.
Siete exintegrantes del último secretariado fueron declarados responsables de crímenes de guerra y de lesa humanidad, y recibirán sanciones propias de ocho años, que deberán cumplir mediante proyectos de reparación a las víctimas, búsqueda de desaparecidos, restauración ambiental y desminado humanitario.
Los sancionados son Rodrigo Londoño Echeverri (Timochenko), Pablo Catatumbo Torres Victoria, Rodrigo Granda Escobar, Pastor Alape Lascarro, Julián Gallo Cubillos, Milton de Jesús Toncel Redondo (Joaquín Gómez) y Jaime Alberto Parra Rodríguez.
El presidente de la JEP, magistrado Alejandro Ramelli Arteaga, abrió la audiencia con un mensaje contundente.
“La justicia que hoy se pronuncia nos obligó a retirar, una a una, las capas de silencio, de miedo y de negación que cubrían la verdad. Y aunque duele, ese dolor se convirtió en el tratamiento que elegimos para que sane la herida”.
Ramelli destacó que este fallo representa un hito en la historia judicial del país.
“Nunca antes había ocurrido en Colombia que los máximos responsables reconocieran públicamente sus crímenes ante la justicia y las víctimas. La sentencia de hoy es un hito. Pero el sentido de la JEP no está solo en este fallo, sino en el camino recorrido por víctimas y comparecientes, y en el que falta por andar: el de la ejecución de las sanciones”, agregó.
Según la decisión, los excomandantes deberán realizar actos de reparación simbólica, como la instalación de “baldosas de la memoria” en honor a las víctimas del secuestro, producción de material audiovisual y participación en ceremonias públicas de perdón.
También trabajarán en planes de búsqueda de desaparecidos, restauración de ecosistemas degradados y aportes al desminado en regiones afectadas.
El magistrado Ramelli subrayó la dimensión de lo ocurrido.
“El camino recorrido es valioso. Porque aquí se develaron patrones criminales que mostraron cómo el secuestro se volvió una práctica sistemática. Porque quedó claro que los crímenes no solo violaron la ley: dejaron heridas abiertas que persisten en las familias, en los territorios, en la vida cotidiana del país”.
Hechos
La Sala de Reconocimiento de la JEP estableció que las Farc-EP implementaron tres patrones criminales de secuestro: como fuente de financiación mediante el cobro de rescates; como mecanismo de presión política para canjear cautivos por guerrilleros presos; y como estrategia de control territorial y social en sus zonas de influencia.
El tribunal concluyó que el trato a los secuestrados fue de manera sistemática degradante y violatorio de la dignidad humana. Según la sentencia, estos crímenes dejaron un saldo de 21.396 víctimas, entre ellas casos de desaparición forzada (133), homicidios (34), desplazamientos (74), tortura (177), trabajos forzados (43) y violencia sexual (37).
La sentencia sustituye cualquier condena penal ordinaria existente contra los comparecientes por los mismos hechos y confirma la responsabilidad de quienes dirigieron una de las prácticas más dolorosas del conflicto armado colombiano.
Con esta decisión, la JEP marca un precedente en la justicia transicional y reafirma su propósito.
“La justicia no es la paz, pero es el camino para alcanzarla”, concluyó Ramelli.
