El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas, adscrito a la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes, analizó las cifras recientes sobre coca en Colombia y sostuvo que la descertificación de Estados Unidos confirma el fracaso de la estrategia actual.
La decisión de Estados Unidos de descertificar a Colombia por su desempeño en la lucha antidrogas sigue generando reacciones. Esta vez, el pronunciamiento vino desde la academia. El Centro de Estudios sobre Seguridad y Drogas (CESED) de la Facultad de Economía de la Universidad de los Andes advirtió que los resultados de 2023 muestran un crecimiento alarmante de la producción de cocaína pese al aumento de recursos en interdicción e incautaciones.
Según datos de la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), Colombia cerró el año pasado con 253.000 hectáreas de coca (10 % más que en 2022) y una producción potencial de 2.664 toneladas de cocaína (53 % más que en 2022), cifras récord que confirman una tendencia ascendente durante la última década.
El CESED subrayó en sus redes sociales que “la descertificación es otra muestra del fracaso de la ‘guerra contra las drogas’: insistir en las mismas estrategias no traerá resultados distintos. Colombia y EE. UU. necesitan un nuevo enfoque basado en transformación territorial, reducción de daños y responsabilidad compartida”.
Para los investigadores, el problema no radica solo en la capacidad del Estado para erradicar o incautar, sino en factores estructurales que sostienen el negocio ilícito. Entre ellos, el crecimiento de la demanda global de cocaína (25 millones de consumidores en el mundo), la falla en la implementación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos (PNIS), la concentración de la estrategia en los eslabones más débiles de la cadena y el fortalecimiento de organizaciones criminales tras la salida de las FARC de los territorios.
Desde la perspectiva académica, la descertificación debería ser leída como una señal de alarma para replantear el rumbo. Esto implicaría invertir en presencia estatal, alternativas económicas sostenibles y desarrollo rural integral, más que en la repetición de fórmulas centradas en erradicación forzada.
El análisis del CESED contrasta con las posturas políticas que han surgido tras la medida: mientras algunos sectores responsabilizan al Gobierno Petro y reclaman el regreso de la aspersión aérea, la academia insiste en que el camino pasa por enfoques multilaterales y por políticas que reconozcan la corresponsabilidad internacional.
