La Sala Penal revocó un fallo que había declarado ilegales las interceptaciones telefónicas contra el gobernador de Antioquia. La decisión destacó proporcionalidad y utilidad de la medida, mientras Rendón denuncia difusión desigual y acusa a la Fiscalía de acelerar su proceso y frenar los del Gobierno Petro.
El Tribunal Superior de Bogotá avaló la legalidad de las interceptaciones realizadas en mayo de 2025 contra el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, y exfuncionarios de Rionegro, en el marco de la investigación por supuestas irregularidades contractuales en la construcción de los CAI de San Antonio de Pereira y Cuatro Esquinas.
La Sala Penal consideró que las escuchas estaban debidamente motivadas, al acreditar la Fiscalía motivos fundados que vinculaban las comunicaciones con posibles delitos contra la administración pública. Según el auto, la medida cumplió con los requisitos de idoneidad, necesidad y proporcionalidad estricta, lo que significa que no se trataba de una intromisión arbitraria en la intimidad, sino de un recurso indispensable para obtener pruebas sobre hechos de corrupción.
Desde el punto de vista del Tribunal, el interés general de esclarecer posibles actos irregulares en la contratación pública justificaba la medida, subrayando además que los informes de Policía Judicial demostraron la utilidad de las conversaciones interceptadas para la investigación.
Con ello, se desvirtuó el argumento de la primera instancia, que había declarado las interceptaciones ilegales por falta de test de proporcionalidad y por considerar genéricos los motivos de la Fiscalía. En ese sentido, la defensa de Rendón había sostenido que las diligencias carecían de relación con los hechos investigados y afectaban derechos fundamentales sin justificación.
La Sala, sin embargo, concluyó que sí existía una correspondencia temática entre la medida y el objeto de la investigación, por lo cual revocó la decisión previa. Tras conocerse la decisión, Rendón reaccionó en su cuenta de X: “la magistrada de primera instancia calificó las chuzadas como ilegales, sin motivos fundados, sin existencia de un test de proporcionalidad y sin relación con la investigación. Esa decisión no tuvo la misma difusión”.
Además, cuestionó a la Fiscalía, afirmando que su caso avanza “a paso de liebre” frente a lo que describió como un “paso de tortuga” en las investigaciones a funcionarios del gobierno Petro.
Este pronunciamiento reafirma los estándares judiciales sobre la validez de medidas de interceptación, pero también abre un frente político: mientras la justicia sostiene que la medida era proporcional y necesaria, Rendón insiste en que se trata de un proceso usado como instrumento de persecución.
