La suspensión de la etapa final de la prestigiosa competición encendió una tormenta política. Miles de manifestantes propalestinos tomaron el centro de la capital y obligaron a cancelar el recorrido. Críticas apuntan al Ejecutivo por no garantizar seguridad.
El cierre de la Vuelta a España 2025 quedó marcado por la política más que por el ciclismo. La etapa final, que debía culminar en el corazón de Madrid, fue suspendida cuando miles de manifestantes propalestinos bloquearon calles, derribaron vallas y forzaron a los organizadores a improvisar la premiación en un garaje de hotel.
Las protestas tenían un objetivo claro: rechazar la participación del equipo israelí vinculado al primer ministro Benjamín Netanyahu. Lo que comenzó como una marcha en Atocha terminó en disturbios que se extendieron por Gran Vía, Callao y Cibeles. El despliegue de 1.000 agentes resultó insuficiente para contener la ocupación del recorrido.
Según el delegado del Gobierno, Francisco Martín, el saldo oficial fue de 22 policías heridos y dos detenidos. Las imágenes de ciclistas buscando llegar a la meta entre barricadas se difundieron como símbolo de un evento desbordado por la tensión política.
Desde la oposición no tardaron en responsabilizar al Ejecutivo de Pedro Sánchez. Desde distintos sectores se cuestiona que un acontecimiento internacional de primer nivel terminara paralizado por la presión en las calles, con consecuencias para la imagen del país. “Es una vergüenza para España”, resumió uno de los mensajes más repetidos en el debate público.
En medio de la polémica, la voz del exciclista Pedro ‘Perico’ Delgado resonó con fuerza. El comentarista de TVE aseguró que lo ocurrido es “una desgracia muy grande para el deporte español y para el país”, y fue más allá al señalar que “la culpa es del Gobierno español” por no garantizar la seguridad de la carrera.
Los organizadores de la Vuelta lamentaron los hechos y reconocieron que, pese a los esfuerzos, fue imposible concluir la etapa “según lo planeado”. La crisis, según algunos analistas, abre un interrogante mayor: ¿cómo garantizar la realización de eventos internacionales en un contexto de conflictividad política global que se filtra cada vez más en escenarios deportivos?
