El representante Andrés Forero habló de posible nepotismo y anunció nuevas acciones judiciales para identificar a quien promovió la vinculación. Analistas consideran que este caso podría abrirse espacio en las jurisdicciones disciplinaria y penal.
En un oficio dirigido al representante a la Cámara por el Partido Centro Democrático, Andrés Forero, la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (ADRES) reconoció que la contratación de Sebastián Laverde Gómez se originó en una recomendación y sin concurso meritocrático.
La comunicación se emitió por mandato del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que requirió esclarecer el procedimiento seguido para la vinculación. De acuerdo con el documento firmado por el director Félix León Martínez Martín, la entidad acudió a la contratación directa prevista en la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007, modalidad que permite vincular servicios profesionales cuando existe necesidad específica y se satisfacen requisitos mínimos.
Bajo ese marco, Adres señala que recibe hojas de vida por distintos canales —entre ellos, recomendaciones— y decide según criterios de idoneidad y oportunidad institucional. La admisión encendió el debate público.
Andrés Forero, quien insistió judicialmente para conocer el origen del vínculo laboral de Laverde Gómez, aseguró que la entidad debe también señalar a la persona que entregó el documento, toda vez que, desde donde se mire, podría constituir un o varios delitos graves en el marco de la administración pública. “¿quién recomendó formalmente al contratista**—¿el Ministerio de Salud o el propio ministro?”, cuestionó Forero.
Con esta revelación, se reactiva una vez más la discusión conocida en la administración pública nacional: la línea fina entre legalidad de la contratación directa y estándares éticos de transparencia. Aunque la figura es válida en determinadas circunstancias, el reconocimiento explícito de una recomendación —sin concurso— abre, sin más, un flanco susceptible de control disciplinario.
Sin embargo, más allá de la polémica inmediata, analistas consideran que el caso instala una pregunta de fondo para el sector público: ¿cómo blindar los procesos de selección cuando se acude a modalidades excepcionales de contratación?
