La entrega de un título sin cumplir requisitos como el examen Saber Pro, obligatorio según la Ley 1324 de 2009 y la reglamentación del ICFES, plantea un escenario jurídico complejo. La universidad que lo expidió podría enfrentar sanciones administrativas, mientras que la aspirante a viceministra, verse inmersa en un proceso penal.
El debate alrededor de la hoja de vida de Juliana Andrea Guerrero, considerada para ocupar el Viceministerio de la Juventud, se convirtió en un caso que va más allá de una persona. Los documentos oficiales, las denuncias políticas y las declaraciones del representante legal de la universidad que la tituló, revelan una cadena de responsabilidades compartidas que cuestiona el funcionamiento del sistema de educación superior y los filtros previos al acceso a un cargo público.
Un primer elemento es un oficio del Ministerio de Educación Nacional, firmado por el viceministro de Educación Superior, Ricardo Moreno Patiño. Allí se establece que no existe en el Sistema Nacional de Información de la Educación Superior (SNIES) ningún registro sobre los estudios atribuidos a Guerrero en la Fundación de Educación Superior San José (FESSANJOSE).
Este documento enfatiza que “el Ministerio de Educación Nacional no puede dar cuenta de dicha información, toda vez que la responsabilidad del reporte es de la Institución de Educación Superior (…) si se encuentra información inexacta es competencia de cada IES para actualizar, modificar, corregir o reportar la información correctamente ante el Ministerio”.
Los evidentes vacíos administrativo coincidieron con las denuncias de la representante a la Cámara Jennifer Pedraza, quien sostuvo que el caso constituye una irregularidad inédita.
Según la congresista, “estamos frente al primer caso de que una persona presente un título profesional sin haber presentado las pruebas del Saber Pro y esta señora se llama Juliana Guerrero, que aspira a ganarse 15 millones de pesos como viceministra de la Juventud sin haber tenido un solo mes de experiencia profesional, cuando el manual de funciones le exige muy claramente tener al menos dos años de experiencia profesional relacionada”.
A las observaciones ministeriales y congresionales se sumó la voz de la propia institución: Francisco Pareja, representante legal de FESSANJOSE, explicó que Guerrero ingresó en diciembre de 2023 y que se le convalidaron estudios previos realizados en el Sena y en una universidad del Cesar. Y que, con esa base académica, cursó un cuatrimestre de validación y tres periodos adicionales, lo que le permitió completar los créditos para optar por un título profesional.
Sin embargo, Pareja reconoció que el diploma fue expedido sin que Guerrero presentara las pruebas Saber Pro, requisito indispensable en Colombia para graduarse. De manera textual en entrevista con Blu Radio afirmó: “el diploma se le podría retirar y no tendremos ningún inconveniente en retirárselo. Cuando ella presente las pruebas Saber, como ya hizo todas las materias, tendremos que volvérselo a entregar”.
Algunos analistas y opinadores han sugerido que este reconocimiento institucional no solo confirma la irregularidad, sino que plantea un interrogante mayor: ¿se activarán los mecanismos penales y disciplinarios para sancionar los posibles delitos e infracciones cometidas en este proceso? Ya que, la utilización un título no válido o falso podría configurar un delito.
Finalmente, apuntaron, que el caso de Juliana Guerrero, más allá de su nombre propio y el papel que viene desempeñando en el Gobierno Nacional, se convierte en un ejemplo de cómo los vacíos de control permiten que se acumulen irregularidades que comprometen la credibilidad del sistema educativo y la transparencia en el servicio público.
