Siguen apareciendo pruebas de la presunta red de corrupción liderada por Miguel Quintero

Chats, fotos y audios que ya estarían en poder de la Fiscalía, comprometerían a hermano del exalcalde Daniel Quintero, en posibles gestiones irregulares de contratación. Los mensajes aludirían a la existencia de un “comité paralelo”, incremento patrimonial injustificado y vínculos con funcionarios hoy procesados.

Una investigación de W Radio reveló nuevas evidencias que estarían en poder de la Fiscalía y que comprometerían a Miguel Quintero, hermano del exalcalde de Medellín Daniel Quintero, en supuestas presiones e interferencias en procesos contractuales del Distrito durante la pasada administración.

Aunque no ocupó ningún cargo oficial, los mensajes apuntarían a que ejercía influencia informal sobre entidades como el Área Metropolitana, Metroparques y la Empresa de Desarrollo Urbano (EDU). Entre las pruebas presentadas se encuentran fotografías de una camioneta Toyota Prado blanca, audios sobre el proceso de blindaje del vehículo valorado en  $80 millones y mensajes sobre la compra de una casa de dos pisos con piscina y paisajismo, cuyo lote habría sido adquirido en 2018 por $100 millones.

En otro intercambio, fechado en marzo de 2020, Quintero menciona haber cerrado un negocio que le “garantiza ingresos por tres años”. Un chat similar, del 20 de febrero de ese mismo año, habla explícitamente de crear “un comité paralelo de contratación” junto con abogados y contratistas, supuestamente vinculado al exdirector del Área Metropolitana, alias “JD”.

También, se refiere al montaje del restaurante “Capital Antioqueña” en Laureles, con fotos enviadas al entonces subdirector financiero del Área Metropolitana, hoy imputado. Estos elementos se suman al contexto judicial ya existente: 42 exfuncionarios de la administración Quintero fueron imputados o sancionados por delitos como peculado, contratos sin requisitos legales y prevaricato.

La Fiscalía ahora deberá establecer si Miguel Quintero se benefició económicamente mediante su cercanía a decisiones públicas, lo que podría configurar tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito o concierto para delinquir.  Por ahora, ni Miguel Quintero ni el exalcalde Daniel Quintero se han pronunciado oficialmente sobre las nuevas revelaciones.