“Acompañamiento y orientación jurídica”: lo que hará la nueva fiscal en el caso Nicolás Petro

El acto administrativo ordena que la funcionaria designada acompañe a la Fiscal 3 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, en un caso que exige respuestas rápidas frente a las sospechas de origen ilícito de recursos.

La Fiscalía designó a  María Isabel Ramírez Meléndez como fiscal de apoyo en el proceso que adelanta la Fiscal 3, Lucy Marcela Laborde Betancourt, dentro de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, radicado 11001601000020230001, que corresponde a la investigación por presunto lavado de activos contra Nicolás Petro Burgos.

El acto administrativo quedó formalizado en la Resolución 33 del 8 de septiembre de 2025, suscrita por la Delegada para las Finanzas Criminales, Aura Liliana Trujillo Rojas, quien dispuso la reasignación para fortalecer el equipo investigador.

Uno de los apartes del documento precisa que Ramírez Meléndez fue designada para “brindar acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso mencionado, asignado a la Fiscalía 3 de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, adscrita a la Delegada para las Finanzas Criminales”.

Esta medida se adopta en atención a la alta carga laboral que enfrentan los despachos de la Dirección Especializada y con el objetivo de garantizar principios como la celeridad y objetividad en la administración de justicia. La resolución destaca que, para cumplir las funciones constitucionales, la Fiscalía debe “aprovechar al máximo los recursos humanos y técnicos, con unidad de acción y procedimiento”.

María Isabel Ramírez Meléndez, fiscal delegada ante jueces penales de circuito especializado, reforzará de inmediato el trabajo de Lucy Marcela Laborde Betancourt, quien lidera la investigación contra el hijo mayor del presidente de la República.

Con esta designación, la Fiscalía busca no solo agilizar el avance del proceso, sino también blindarlo frente a cuestionamientos por dilaciones o falta de capacidad operativa. La decisión ha sido cuestionada desde diversos sectores políticos que consideran que lo que se busca con este movimiento es todo lo contrario.