COLFECAR advirtió que la prohibición total para vehículos de carga entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., anunciada por la Alcaldía de Chía desde el 15 de octubre, pondría en riesgo la cadena de abastecimiento nacional. El sector recuerda que en tres años ha enfrentado 2.115 bloqueos con pérdidas por 9,6 billones de pesos.
La Federación Colombiana de Transportadores de Carga (COLFECAR) rechazó la medida anunciada por la Alcaldía de Chía que, a partir del 15 de octubre, restringirá totalmente la circulación de camiones de carga entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m.
Según el gremio, la decisión se adoptó sin concertación y representa una “grave afectación” a la logística nacional, ya que el corredor de Chía es estratégico para el abastecimiento de Bogotá, Cundinamarca y la salida de mercancías hacia el resto del país. Por este eje vial transitan en promedio 5.000 vehículos de carga diarios.
COLFECAR recordó que en los últimos tres años el transporte de carga ya ha sufrido 2.115 bloqueos en vías nacionales, que ocasionaron pérdidas superiores a 9,6 billones de pesos. A estas dificultades se suman los problemas de inseguridad que afectan a conductores y flotas en distintas regiones.
El gremio advirtió que la nueva restricción impactaría especialmente el transporte de alimentos perecederos, que no pueden permanecer largas horas en carretera, lo que podría encarecer los costos logísticos, reducir la productividad y poner en riesgo el abastecimiento de bienes esenciales como alimentos, insumos médicos e industriales.
“Este tipo de medidas inconsultas solo agravan la situación de un sector que cumple una función pública esencial”, señaló COLFECAR, que pidió a la Alcaldía de Chía y al Gobierno Nacional instalar de inmediato una mesa técnica para revisar la norma y diseñar alternativas que concilien la movilidad urbana con la operación logística.
La federación concluyó que el transporte de carga debe ser visto como parte de la solución y no como el problema, e insistió en la necesidad de que el Ministerio de Transporte lidere una política pública que evite decisiones unilaterales de los municipios y proteja la competitividad y el empleo en el país.
