Reforma tributaria: gremios, sindicatos y oposición coinciden en que el peso lo asume la clase media

Empresarios como Bruce Mac Master, sindicalistas de la CGT y políticos de oposición advierten que la propuesta del Gobierno encarece la canasta familiar, el transporte y los servicios básicos, convirtiéndose en una de las reformas más regresivas de los últimos años.

El debate sobre la reforma tributaria abrió un frente inusual: gremios empresariales, sindicalismo y oposición política coinciden en que el proyecto trasladaría el mayor peso a la clase media y trabajadora. La crítica no se limita a disputas de relato; apunta a efectos concretos en la vida cotidiana: canasta familiar, transporte, entretenimiento, turismo y consumo popular.

Desde el empresariado, Bruce Mac Master, presidente de la ANDI, puso la vara alta del inconformismo. “No hay mejor duda, la reforma presentada por el gobierno se convierte en la reforma más regresiva y más agresiva contra la clase trabajadora y los hogares que haya presentado gobierno alguno. No se trata de ganar la narrativa, no se trata de tratar de engañar a la gente, mucho menos cuando se está produciendo un efecto, tan grande sobre temas como la canasta familiar, el transporte, el entretenimiento, el turismo, el impuesto de los empleados, el impuesto a la cerveza, el impuesto a los licores, por hablar, sólo de algunos pocos impuestos”.

Su llamado al Ejecutivo es directo: “Si el gobierno quiere apoyar a los ciudadanos, debe concentrarse en gobernar con austeridad, dándole seguridad, asegurando el funcionamiento del sistema de salud, y por supuesto, reduciendo todos los gastos que tienen componentes de política electoral”. en esa misma línea, Fenalco sumó la perspectiva histórica. Jaime Alberto Cabal recordó que una reforma “menor” en 2021 desató marchas masivas y cacerolazos, mientras hoy no se observa la misma intensidad de protesta.

“No deja de ser extraño y paradójico que en el 2021, un proyecto de reforma tributaria menor incendió literalmente al país (…) Hoy, una nueva reforma tributaria, más fuerte y descarada que le mete la mano al bolsillo a todos los colombianos, se da a conocer sin mayor resistencia”, señaló. Para el dirigente, la clave está en el sesgo político: “La diferencia no está en el contenido de la reforma, sino en quién la propone. Lo que antes era abuso, hoy se vende como ‘justicia social’. Y mientras tanto, la clase media y baja siguen asumiendo el despilfarro del Estado, ahora con resignación”, comentó Jaime Alberto Cabal.

Desde el terreno sindical, la Confederación General del Trabajo (CGT) enfiló baterías contra el corazón del proyecto, con un lenguaje duro y un argumento de regresividad. En su pronunciamiento, la central advierte que la iniciativa “condena a la República al hundimiento de esta nación en atraso, regresividad e inequidad, y le resta competitividad frente a otros países”, al tiempo que encarece combustibles, transporte, actividades culturales y productos de consumo básico.

La tesis de fondo de los sindicatos es que, antes que ampliar la base impositiva sobre hogares y trabajadores, el Estado debería recortar gasto ineficiente y cerrar filtraciones. El ángulo político lo elevó la senadora María Fernanda Cabal, quien apeló a la indignación social como palanca de freno parlamentario.

“Gobierno criminal. Mientras se gastan el dinero en embajadas, viajes, contratos para pagar cuotas políticas, pretenden una reforma tributaria para sacarle más plata a los colombianos. Le diremos NO a esta reforma que le sube impuestos a la comida de la gente. Café, arroz, maíz, aceites, hasta el chocolate…”, escribió la precandidata presidencial en su cuenta en X.

Más allá de estilos y motivaciones, las cuatro voces convergen en un mismo diagnóstico: la reforma, tal como está planteada, desplaza la carga hacia quienes menos margen tienen para soportarla. El Gobierno la defiende como instrumento de justicia social y sostenibilidad fiscal; los críticos ven un golpe transversal al costo de vida y un incentivo equivocado en tiempo de desaceleración.

El pulso que viene en el Congreso no será solo técnico: medirá la credibilidad de la promesa de equidad frente a la percepción de que, otra vez, la cuenta la pagarán los de siempre.