Una ponencia positiva en la Comisión Primera de la Cámara impulsa la iniciativa que propone suprimir estas entidades en los niveles departamentales, distritales y municipales, transfiriendo sus funciones a la Contraloría General de la República.
La Comisión Primera de la Cámara de Representantes recibió para primer debate la ponencia al Proyecto de Acto Legislativo 061 de 2025, “Por medio del cual se eliminan las contralorías territoriales”. El informe fue presentado por el representante antioqueño Hernán Darío Cadavid Márquez, quien respaldó la iniciativa con el argumento de que el modelo actual ha demostrado ineficiencia, vulnerabilidad frente a la corrupción y riesgos de cooptación política.
El texto propone reformar los artículos 272, 268, 274, 291, 300 y 308 de la Constitución Política para suprimir las contralorías departamentales, distritales y municipales, transfiriendo sus competencias a la Contraloría General de la República. Esta tendría un plazo de hasta dos años para asumir plenamente sus nuevas funciones, mientras la Auditoría General conservaría la tarea de ejercer control sobre la entidad central.
Entre las justificaciones, la ponencia advierte que la elección de contralores locales por parte de asambleas y concejos ha facilitado la llamada “captura del regulador”, fenómeno que convierte a los organismos de control en instrumentos de clientelismo o retaliación política. Además, señala que las diferencias presupuestales y técnicas entre las contralorías territoriales han generado desigualdades en la capacidad de vigilar la gestión fiscal, lo que limita su efectividad frente a la corrupción.
Según su autor, la propuesta recoge investigaciones académicas y antecedentes institucionales, como, por ejemplo, un estudio citado sostiene que 18 de las 32 contralorías departamentales presentan un riesgo alto o muy alto de corrupción, incluso mayor que el de las mismas gobernaciones. Igualmente, la Auditoría General ha reportado históricamente tasas de recuperación mínimas en los procesos de responsabilidad fiscal, que en algunos años no superaron el 1% de los recursos comprometidos.
En el plano jurídico, la ponencia recuerda que el Congreso tiene competencia para modificar la Constitución en virtud de los artículos 114 y 150, y que la iniciativa se enmarca en la necesidad de fortalecer la transparencia y eficiencia del gasto público. También aclara que no se prevén conflictos de interés directos para los congresistas, salvo que familiares cercanos tengan contratos con contralorías territoriales.
Ahora el proyecto deberá surtir los ocho debates que exige una reforma constitucional, y ya anticipa tensiones políticas. Por un lado, centralizar el control en la Contraloría General puede unificar estándares técnicos y reducir la politización local; por otro, los sectores críticos advierten que la medida puede significar una concentración excesiva de poder en un solo órgano nacional, debilitando la autonomía territorial.
Finalmente, es oportuno señalar que con la radicación de esta ponencia positiva, el Congreso abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la eficacia del control fiscal en Colombia, una de las áreas más cuestionadas por su fragilidad frente al clientelismo y la corrupción estructural.
