La Procuraduría General de la Nación confirmó la destitución e inhabilidad por una década al excanciller Álvaro Leyva, por haber declarado irregularmente desierta la licitación de pasaportes. La sanción se considera definitiva, tras comprobar que su decisión vulneró los principios de la contratación estatal y fue adoptada de forma dolosa, sin justificación legal válida.
El excanciller Álvaro Leyva Durán no podrá ejercer cargos públicos durante los próximos 10 años, así lo estableció la Procuraduría General de la Nación en un fallo de segunda instancia que confirmó la destitución e inhabilidad del exministro, por su actuación en el proceso contractual para la expedición de pasaportes, considerado esencial para el servicio consular del país.
La investigación disciplinaria concluyó que Leyva “actuó de forma contraria al orden jurídico” al declarar desierta la licitación pública de pasaportes, pese a que en el proceso había un único proponente que cumplía con todos los requisitos exigidos. La actuación fue calificada como una “falta gravísima cometida con dolo”, lo que implica que no fue un error técnico sino una decisión consciente que desconoció la normatividad vigente.
Según el ente de control, “no existía base legal para anular el proceso”, y con ello se vulneraron principios esenciales como la transparencia, al impedir una adjudicación legítima; la economía, al generar retrasos y afectaciones al servicio; y la responsabilidad, al adoptar una medida sin sustento jurídico.
El caso tuvo repercusión nacional, no solo por la naturaleza estratégica del contrato, sino porque Leyva era uno de los alfiles más cercanos al presidente Gustavo Petro en los primeros meses de su administración. Su salida del cargo, en medio de una controversia pública, había anticipado un desenlace disciplinario, pero el fallo de la Procuraduría marca un punto final e inapelable.
La sanción quedó en firme al haberse agotado la vía administrativa. Desde ahora, Leyva queda excluido del ejercicio de funciones públicas hasta 2035, en lo que representa una de las decisiones más severas adoptadas contra un alto funcionario del actual periodo de gobierno.
Analistas y opinadores han señalado que este fallo también envía un mensaje institucional: la autoridad disciplinaria no tolerará decisiones arbitrarias en procesos contractuales sensibles, especialmente cuando afectan directamente derechos ciudadanos como la expedición oportuna de pasaportes.
