El Catatumbo concentra más del 85% de los desplazamientos, mientras que Chocó, Cauca, Antioquia y Valle enfrentan emergencias simultáneas. La entidad enfatizó en que la respuesta estatal no ha sido suficiente para proteger a comunidades atrapadas en medio del conflicto armado.
La movilidad humana forzada en Colombia sigue mostrando cifras alarmantes. Entre enero y julio de 2025, al menos 147.378 personas han sido afectadas por desplazamientos y confinamientos masivos, según el más reciente informe publicado por la Defensoría del Pueblo. La entidad advirtió que estos datos no reflejan casos individuales ni desplazamientos dispersos, sino eventos masivos que generan impacto humanitario grave y sostenido en los territorios.
Destaca el boletín que 84.964 personas fueron desplazadas de manera forzada en el periodo analizado. A esto se suman 62.414 personas confinadas, es decir, comunidades enteras cuya movilidad ha sido restringida por presencia armada, amenazas o minas antipersonales. En paralelo, se identificaron 155 situaciones de riesgo inminente, lo que refleja una dinámica de violencia persistente y extendida.
El caso más crítico se concentra en el Catatumbo, subregión del departamento de Norte de Santander, donde se reportaron 73.053 personas desplazadas y 11.490 personas confinadas en lo corrido del año. El informe señala que esta zona enfrenta “uno de los desplazamientos forzados más importantes de los últimos años”, y que la situación continúa en evolución.
Fuera del Catatumbo, los departamentos de Antioquia, Cauca, Chocó, Nariño, Bolívar y Valle del Cauca presentan patrones similares. Solo en julio, se registraron 11 eventos de desplazamiento y 12 eventos de confinamiento, afectando a más de 5.800 familias.
Municipios como Zaragoza, El Bagre, Remedios, Jamundí, Argelia y Buenaventura figuran entre los más golpeados por esta crisis silenciosa que compromete derechos fundamentales como la vida, la seguridad y la libertad de movimiento.
La Defensoría recomendó al Estado activar de forma urgente planes de contingencia, protección étnica, mecanismos de atención rápida y fortalecimiento de la articulación institucional. También pidió aplicar el Decreto 525 de 2024 para atender los casos de confinamiento con un enfoque integral, diferencial y coordinado.
Pese a los esfuerzos de atención humanitaria, el boletín evidencia que la respuesta institucional no ha logrado contener la expansión del fenómeno, y que muchas comunidades siguen atrapadas entre la presencia armada y la ausencia del Estado. Finalmente, la entidad advirtió que la crisis de movilidad forzada, lejos de disminuir, exige soluciones de fondo y voluntad política decidida.
