Un reportaje de Noticias Caracol reveló documentos y testimonios que apuntan a intentos de favorecer a Gaxi, empresa ligada a un allegado a Ricardo Roa, en el millonario proyecto de importación de gas. La Fiscalía abrió investigación y el gobierno ordenó que la petrolera estatal asuma directamente la ejecución para blindar el proceso.
El proyecto de importación de gas licuado a través de una planta de regasificación en la costa Caribe, estimado en más de 500 millones de dólares, se convirtió en el centro de un nuevo escándalo que golpea a Ecopetrol. Según un informe de Noticias Caracol, la empresa Gaxi, con vínculos cercanos a Ricardo Roa, presidente de la petrolera, habría recibido un trato preferencial en medio de un proceso aún en etapa de evaluación.
La investigación periodística reconstruyó una secuencia de hechos que comienza en noviembre de 2024, cuando Hocol —filial de Ecopetrol— firmó un acuerdo de confidencialidad con Gaxi. Dos meses después, en enero de 2025, se suscribió un memorando de entendimiento que abría la puerta a un eventual negocio. En marzo, representantes de la compañía realizaron visitas técnicas a los terrenos previstos para el terminal de regasificación. Poco después, un correo interno daba por sentado un “acuerdo definitivo”.
Ante esta situación escandalosa, las advertencias no tardaron en aparecer. El expresidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, envió una carta a la junta directiva de Ecopetrol en la que denunció presiones indebidas y señaló a Juan Guillermo Mancera, amigo cercano del presidente de la petrolera, como figura determinante en favor de Gaxi.
En sus palabras, se estaba configurando un “poder en la sombra” que ponía en riesgo la transparencia de la operación. Frente a estos hallazgos, la Fiscalía General abrió investigación formal. Varios funcionarios y exdirectivos fueron citados para rendir testimonio, mientras se revisan los documentos y correos obtenidos. Aunque Ecopetrol aclaró que el memorando “no es vinculante” y que “no se ha adjudicado contrato alguno”, el acceso privilegiado de Gaxi deja abiertas dudas sobre la gobernanza interna.
El Gobierno reaccionó ordenando que Ecopetrol asuma de manera directa la importación de gas, con el fin de evitar sospechas y reforzar la confianza en un proyecto clave para la seguridad energética del país. Según varios analistas, la medida busca frenar el desgaste reputacional, pero también confirma la magnitud de las alertas encendidas.
Este caso plantea preguntas de fondo: ¿cómo una empresa sin trayectoria consolidada accedió a acuerdos y visitas técnicas? ¿Por qué se habló de un “acuerdo definitivo” cuando no había adjudicación? Y, sobre todo, ¿qué controles internos fallaron para permitirlo? Más allá de lo judicial, el episodio exhibe el riesgo de que intereses privados influyan en decisiones de impacto nacional.
Finalmente, Ecopetrol como principal empresa del Estado, tendrá que demostrar que sus proyectos estratégicos se deciden en sus juntas directivas y no en los círculos de confianza de sus altos ejecutivos como se viene denunciando desde la llegada a la presidencia de Ricardo Roa.
