La senadora denunció una “grave violación al debido proceso” por filtraciones de la Corte Suprema, mientras un informe de El Tiempo reveló siete inmuebles en su nombre y el de su esposo, frente a los dos que declaró en 2022. En casos similares, los protagonistas terminaron presos o huyendo.
El cerco judicial se estrecha cada vez más para Martha Peralta Epieyú, una de las senadoras más activas en defensa del gobierno Petro desde el Congreso. La investigación que le sigue la Corte Suprema de Justicia ya no cabe en la categoría de rumor ni de simple filtración. Desde hace varios meses la legisladora guajira, carga con dos frentes simultáneos: un patrimonio que no cuadra y el escenario que ha llevado a la cárcel o imputación a la mayoría de los implicados en la trama de corrupción al interior de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).
En el formulario de Declaración de Renta que circula en redes sociales, Peralta aseguró tener un patrimonio bruto de 673 millones de pesos, deudas por 360 millones y un saldo líquido de 305 millones. Reportó ingresos brutos por 220 millones y mencionó apenas dos inmuebles en Bogotá, tasados en 417 y 113 millones, además de un bien mueble de 45 millones. Sin embargo, la Unidad de Datos de El Tiempo contrastó esas cifras con el Índice de Propiedad de la Superintendencia de Notariado y Registro y el resultado fue otro: “Bajo los datos de Peralta Epieyú aparecen siete inmuebles: tres en Bogotá, dos en Riohacha y dos en Barranquilla”. Cuatro de esas propiedades están también a nombre de su esposo, Manuel Julián Molina Pérez.
Casi todos los inmuebles que registran en a su nombre, están en zonas de alto valor comercial, caracterizadas por el lujo. Peralta reaccionó con un tono desafiante. En su cuenta en X escribió: “hasta cuándo los procesos judiciales de la Corte Suprema van a verse afectados por la intromisión de ciertos medios de comunicación, aliados con la derecha”. Y advirtió que la divulgación de piezas judiciales “no solo vulnera el derecho a la defensa y a la presunción de inocencia, sino que también constituye una grave violación al debido proceso, al pretender instrumentalizar la opinión pública con fines políticos y judiciales”.
La Congresista también aseguró que desistirá del debate público y las confrontaciones en la prensa, ya que, considera que solo la Corte Suprema es escenario válido para dar explicaciones. En la misma extensa nota, apeló a su trayectoria en a ‘lucha social’. “He trabajado con convicción por la reivindicación de las comunidades indígenas de mi región y del país, siempre dentro del respeto a la Constitución y a la Ley”, expuso Martha Peralta.
Varios internautas le enrostraron que el problema no es la información obtenida en exclusiva por la prensa, es que los precedentes, los hechos y documentos no juegan a su favor. En el caso UNGRD, los nombres más visibles siguieron un libreto parecido donde primero negaron, luego hablaron de persecución, y terminaron capturados o convertidos en testigos de cargo.
El patrón se repite y, hasta ahora, no admite excepciones. Así las cosas, la senadora Peralta está en una encrucijada: puede insistir en el relato de persecución política o enfrentar de fondo las inconsistencias de su patrimonio. La historia reciente indica que quienes eligieron la primera opción terminaron en el mismo lugar, ante los jueces y con el tiempo en contra.
