La propuesta pretende profesionalizar a procuradores, defensores y personeros en áreas como derecho disciplinario y derechos humanos. Sin embargo, su financiación y el protagonismo del Procurador en la gobernanza ya despiertan debate.
El Congreso de la República inició la discusión de un proyecto que plantea la creación de la Universidad del Ministerio Público, concebida como un ente de educación superior autónomo con sede en Bogotá y con alcance nacional. La iniciativa se apoya en la experiencia del Instituto de Estudios del Ministerio Público (IEMP), que durante tres décadas ha capacitado funcionarios.
Según la exposición de motivos, la propuesta surge de la obligación de fortalecer las capacidades del Estado en derechos humanos, control disciplinario y acceso a la justicia. El texto resalta que “esta trayectoria institucional evidencia tanto la necesidad permanente de formación especializada como la viabilidad de expandir estas funciones hacia un modelo universitario integral”.
La iniciativa legislativa prevé que el Consejo Superior Universitario sea el máximo órgano de dirección, presidido por el Procurador General e integrado por el Defensor del Pueblo, un exrector universitario y representantes del sector productivo, de los personeros, estudiantes y funcionarios. Mientras se instala, funcionará una Junta Provisional de Administración compuesta mayoritariamente por designados del Procurador.
Este esquema, desde ya genera inquietudes sobre la autonomía efectiva de la institución. En materia de sostenibilidad, la universidad se financiaría con recursos del Presupuesto General de la Nación, ingresos por programas académicos, consultorías, convenios y donaciones. No obstante, el articulado también incluye como fuente el cobro de certificados de antecedentes disciplinarios y las inscripciones a concursos de carrera administrativa.
Para algunos analistas, trasladar estos recursos obligatorios al sostenimiento de la universidad equivale a imponer un gravamen indirecto a los ciudadanos. Por su parte, la Procuraduría defiende que la universidad no duplicará programas ya existentes en la academia nacional, sino que ofrecerá formación especializada para atender contextos territoriales complejos.
Sobre el particular, el Ministerio Público enfatiza que “la complejidad territorial del país, con presencia institucional diferenciada en 1.102 municipios, exige capacidades específicas para atender poblaciones vulnerables y promover el acceso a la justicia en contextos diversos”.
La discusión apenas comienza: mientras los defensores resaltan la oportunidad de contar con un centro de excelencia propio del Ministerio Público, los críticos advierten el riesgo de ampliar la burocracia sin resolver el problema de fondo: la falta de independencia y la necesidad de articularse con universidades ya acreditadas.
