Juez ordena al presidente Gustavo Petro retractarse de señalamientos contra fiscal Mario Burgos

Un juez de Bogotá ordenó al presidente Petro retractarse en 48 horas de sus acusaciones contra el fiscal Mario Burgos, a quien vinculó con el narcotráfico y señaló de ejercer “tortura psicológica” contra su hijo Nicolás. La retractación deberá hacerse en el Consejo de Ministros y en la red social X.

Un juzgado de Bogotá concedió una acción de tutela a favor del fiscal Mario Andrés Burgos Patiño, delegado ante el Tribunal y adscrito a la Unidad de Delitos Ambientales, y ordenó al presidente Gustavo Petro retractarse de los señalamientos que lo vinculaban con el narcotráfico y de haber ejercido “tortura psicológica” contra su hijo Nicolás Petro.

La decisión, firmada por la jueza Tanis Zamel, considera que las declaraciones del jefe de Estado vulneraron los derechos fundamentales al buen nombre, honra, integridad personal y dignidad del fiscal Burgos.

En el fallo se ordena al presidente Gustavo Petro que, en un plazo máximo de 48 horas, presente una retractación en dos escenarios específicos. Primero, durante una reunión televisada del Consejo de Ministros, deberá corregir lo expresado el 4 de febrero de 2025, cuando afirmó que el fiscal Mario Andrés Burgos había retirado de la investigación del homicidio del fiscal paraguayo Marcelo Pecci al presunto narcotraficante Sebastián Marset y lo vinculó con una “banda del narcotráfico”.

Segundo, en la red social X, el mandatario tendrá que rectificar varias publicaciones realizadas entre febrero y agosto de 2025, en las que señaló a Burgos de pertenecer a la “mafia del narcotráfico” y de cometer supuestas irregularidades en el proceso por el asesinato de Pecci.

El despacho judicial advirtió que, de no cumplir lo ordenado, Petro podría incurrir en responsabilidades adicionales, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 2591 de 1991.

La providencia también aclara que contra el fallo procede el recurso de impugnación ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y que, en caso de no ser apelado, el expediente será remitido a la Corte Constitucional para su eventual revisión.