Un informe de la Corte Constitucional reveló que 1 de cada 10 tutelas radicadas en el país entre enero y junio de 2025 tuvo como demandadas a estas dependencias. La Guajira, Cesar y Valle del Cauca lideran la lista de departamentos con más casos. El derecho de petición y el debido proceso son los más vulnerados.
Las secretarías de tránsito se han convertido en un foco recurrente de litigiosidad en Colombia. De acuerdo con datos oficiales de la Corte Constitucional, entre enero y junio de 2025, 1 de cada 10 tutelas radicadas tuvo como demandadas a estas entidades municipales o departamentales, lo que refleja una profunda crisis en la gestión administrativa.
El informe señala que los departamentos con más tutelas por cada 1.000 expedientes son La Guajira (240), Cesar (200), Valle del Cauca (199), Cauca (176) y Cundinamarca (174). Esta concentración revela problemáticas regionales asociadas a la debilidad institucional en la Costa Caribe y el suroccidente del país, además de la carga propia en los centros urbanos de Cundinamarca.
Los principales derechos afectados son el derecho de petición (69%) y el debido proceso (24%). En el primer caso, los ciudadanos reclaman que no reciben respuesta oportuna a solicitudes de información, copias o trámites, pese a que la ley establece plazos de 15 días. En el segundo, la mayoría de quejas se relaciona con fotocomparendos y sanciones administrativas, así como con la falta de garantías en la defensa.
Desde el Alto Tribunal indicaron también, que pretensiones más reclamadas son la nulidad de sanciones por fotodetección (13%), la protección al debido proceso administrativo (12,5%) y el ejercicio efectivo de la defensa (11,3%). En la práctica, estos datos confirman que los procesos sancionatorios en materia de tránsito han generado un campo fértil para la judicialización.
En cuanto a las decisiones judiciales, el informe destaca que el 30% de las tutelas fueron concedidas por los jueces de primera instancia, el 26% resultaron negadas, el 24% fueron declaradas hecho superado, lo que evidencia que las secretarías solo actúan cuando son demandadas y el 15% fueron declaradas improcedentes.
El balance refleja no solo la ineficiencia de las autoridades de tránsito, sino también la necesidad de revisar los mecanismos de control y sanción. Finalmente, la Corte Constitucional advierte que la judicialización de trámites básicos de movilidad no solo congestiona los despachos, sino que mina la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de velar por el cumplimiento de las normas de tránsito.
