El organismo de control reiteró que usar esos recursos para otros fines podría generar demandas millonarias contra la Nación y paralizar la ejecución de obras.
La Contraloría General de la República volvió a encender las alarmas sobre los riesgos que implicaría la reprogramación unilateral y la eventual utilización de recursos de vigencias futuras destinados a los proyectos de concesiones viales 4G y 5G.
El contralor Carlos Hernán Rodríguez Becerra advirtió que, si el Gobierno Nacional decide modificar por decreto los aportes pactados en los contratos de concesión, la ANI y la Nación podrían verse obligadas a pagar intereses remuneratorios y moratorios no contemplados en la estructuración inicial de los proyectos. Además, se expondrían a incumplimientos contractuales que derivarían en demandas contra el Estado.
Según el organismo de control, los contratos vigentes no permiten condicionar el aporte de vigencias futuras al avance de las obras, ni autorizan redirigir esos recursos para otros fines.
En caso de atrasos o fallas de los concesionarios, el camino legal son las medidas sancionatorias establecidas en los mismos contratos, no la retención de los aportes pactados.
La advertencia surge tras el análisis del borrador de decreto del Departamento Nacional de Planeación, que busca modificar el artículo 2.2.2.1.11.8 del Decreto 1082 de 2015.
Para la Contraloría, esa modificación podría “impedir una adecuada gestión fiscal” y generar graves afectaciones a las obligaciones contractuales de la Nación.
Rodríguez Becerra también alertó sobre la posibilidad de una parálisis en la ejecución de las obras, en caso de que no se cumplan los pagos comprometidos. Dependiendo de la magnitud del incumplimiento, advirtió, algunos proyectos podrían incluso quedar inconclusos.
La Contraloría enfatizó que cualquier modificación a estos contratos debe realizarse mediante un acuerdo entre las partes —a través de un otrosí o documento modificatorio aprobado por el Ministerio de Transporte, el CONPES, el CONFIS y el DNP—, tal como ocurrió en la etapa de licitación y adjudicación.
Intentar hacerlo por la vía unilateral de un decreto, insistió el ente de control, expone al país a cuantiosas demandas internacionales y fallos en su contra.
La entidad recordó que los recursos ya trasladados a los patrimonios autónomos de cada contrato tienen una destinación específica, por lo que no pueden ser desviados sin incurrir en graves incumplimientos contractuales y posibles responsabilidades fiscales, disciplinarias o incluso penales.
