El organismo de control reiteró que esa maniobra violaría principios contractuales, comprometería obras en ejecución y pondría en duda la seriedad del Estado en sus compromisos de infraestructura.
A través de sus canales de comunicación oficiales,la Contraloría General de la República lanzó una advertencia severa al Gobierno Nacional: modificar sin acuerdo previo el destino de las vigencias futuras pactadas para los proyectos viales 4G y 5G podría traducirse en un desastre fiscal, legal y de ejecución de obras.
La entidad encabezada por Carlos Hernán Rodríguez Bejarano señaló que reprogramar de forma unilateral esos recursos —o utilizarlos para otros fines— no solo generaría intereses y sanciones, sino que abriría la puerta a millonarias demandas contra el Estado por parte de los concesionarios.
Esta advertencia se basa en una interpretación estricta del régimen contractual: los recursos públicos asignados en los patrimonios autónomos de los contratos de concesión no pueden ser redirigidos sin romper los términos legales y financieros que les dan sustento.
“No existe soporte legal ni contractual que autorice a la Nación o a la ANI a retirar unilateralmente los aportes pactados”, sentenció la Contraloría, al recordar que los contratos vigentes no incluyen cláusulas de condicionalidad en el uso de esos recursos. Es decir, no pueden estar sujetos a evaluaciones políticas ni a decisiones administrativas de último momento.
El ente fiscal también alertó que alterar el flujo comprometido de vigencias podría detener obras ya iniciadas, poner en pausa adjudicaciones próximas o incluso llevar a la terminación anticipada de concesiones, con consecuencias graves para la infraestructura del país.
Aunque reconoció que el Gobierno tiene la facultad de renegociar condiciones, subrayó que esto debe hacerse por la vía formal: mediante otrosíes o documentos modificatorios validados por CONPES, CONFIS y el DNP. Hacerlo por decreto o vía administrativa, reiteró, sería jurídicamente riesgoso.
Finalmente, en un contexto donde la confianza inversionista es clave para la ejecución de megaproyectos, la advertencia de la Contraloría se suma a los llamados de prudencia sobre el manejo de los recursos del Estado y la necesidad de preservar la seriedad institucional frente a los compromisos ya adquiridos.
