Un centenar de habitantes de la vereda Villa del Río, abandonó sus hogares tras un enfrentamiento entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias. Por primera vez se reporta el uso de drones en medio de hostilidades en la zona, hecho que la Defensoría del Pueblo pidió llevar a la mesa de diálogos.
La violencia volvió a golpear al Catatumbo. Esta vez, en el municipio de Tibú, donde alrededor de 100 personas tuvieron que dejar atrás sus hogares en la vereda Villa del Río tras los combates entre el ELN y el Frente 33 de las disidencias.
El hecho ocurrió el 24 de agosto, hacia las 7:00 de la noche, y obligó a 27 familias a refugiarse en el seminario del casco urbano. El resto buscó protección en casas de familiares y conocidos. La Defensoría del Pueblo confirmó que la emergencia humanitaria fue causada no solo por la intensidad del choque, sino también por un elemento inusual: el uso de drones como herramientas bélicas.
Según la entidad, los equipos de alta tecnología fueron empleados en medio del enfrentamiento, lo que generó mayor zozobra entre la comunidad y puso en riesgo a civiles que quedaron en medio del fuego cruzado. Este factor, advierte la Defensoría, marca un punto de inflexión, pues introduce nuevas tecnologías en un conflicto ya caracterizado por la degradación y la instrumentalización de la población rural.
“La situación en el Catatumbo sigue siendo crítica. La confrontación entre el ELN y las disidencias continúa, y la mayor afectada sigue siendo la población civil”, señaló la institución, que insistió en que el tema debe incorporarse a la mesa de conversaciones con el Frente 33.
No es la primera vez que Tibú enfrenta un desplazamiento masivo, pero el uso de drones representa una escalada inédita. Expertos en seguridad han advertido que su utilización en escenarios de guerra irregular multiplica los riesgos para los no combatientes y expone la fragilidad del control estatal en territorios disputados.
A pesar de los discursos y movidas del Gobierno Nacional, el Catatumbo sigue siendo un epicentro del conflicto armado, con la particularidad que en esta región convergen guerrillas, disidencias y estructuras criminales que disputan el control del narcotráfico y las rutas hacia Venezuela.
Los desplazamientos, confinamientos y amenazas a líderes sociales se han vuelto recurrentes, y las comunidades denuncian que el acompañamiento estatal sigue siendo insuficiente. Mientras tanto, la Defensoría pidió medidas urgentes de atención humanitaria para las familias que hoy se encuentran fuera de sus hogares y reiteró que mantendrá presencia en terreno.
