La entidad aseguró que cumplir con recientes fallos judiciales es material y jurídicamente imposible, y pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil actuar como garante del mérito en el acceso a la función pública.
La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) alertó este jueves que las recientes decisiones judiciales que ordenan el nombramiento masivo de personas en listas de elegibles desconocen la ley y afectan la planeación institucional de la entidad.
En un comunicado oficial, la DIAN señaló que esas órdenes son “material y jurídicamente imposibles de cumplir”, pues obligan a utilizar listas en perfiles ya fortalecidos mediante concursos anteriores o en empleos distintos a los requeridos por la institución.
Según la entidad, esto constituye una invasión a sus competencias legales y podría comprometer el adecuado desarrollo de su misión técnica en recaudo y fiscalización.
El organismo advirtió que cumplir con las medidas en los términos impuestos por los jueces —algunos con plazos de apenas 48 horas— implicaría la desvinculación de 395 funcionarios provisionales, abriría la puerta a demandas millonarias contra el Estado y pondría en riesgo la continuidad de los procesos misionales.
También criticó que ciertas decisiones se hayan extendido a personas que no participaron en los concursos, facultad que corresponde únicamente a la Corte Constitucional.
En medio de este escenario, el Tribunal Administrativo de Antioquia confirmó las órdenes de arresto por cinco días contra el director de la DIAN, Luis Eduardo Llinás Chica, y cuatro altos funcionarios, por incumplir un fallo de tutela que ordenaba nombrar en período de prueba a la lista de elegibles de la Comisión Nacional del Servicio Civil (CNSC).
En su balance, la DIAN destacó que en los últimos cinco años ha adelantado tres concursos de mérito, con otro en curso, que han permitido la vinculación de 6.391 funcionarios en vacantes ofertadas y 3.272 en vacantes no ofertadas mediante el mecanismo de listas de elegibles.
La entidad elevó consultas a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para insistir en la imposibilidad de ejecutar los fallos, y llamó al Consejo Superior de la Judicatura a capacitar a los jueces en la estructura normativa de la institución.
Así mismo, pidió a la Comisión Nacional del Servicio Civil que garantice que los procesos de provisión de empleos se mantengan en el marco de la ley y el principio del mérito.
