La asociación advierte que la falta de liquidez y el rezago en los giros del sistema de salud ponen en riesgo la continuidad de tratamientos y el acceso a medicamentos. El gremio propone reformas urgentes para evitar un colapso mayor.
La Asociación de Laboratorios Farmacéuticos de Investigación y Desarrollo (AFIDRO) encendió las alarmas sobre la crisis financiera del sistema de salud, al revelar que la cartera de la industria alcanzó los $4,3 billones en el primer trimestre del año, cifra que refleja un deterioro progresivo en la capacidad de pago de los actores del sistema.
Según el estudio presentado en alianza con la firma Sectorial, del total de la deuda, $2,7 billones corresponden a los gestores farmacéuticos y más del 83 % está concentrado en tecnologías cubiertas por la Unidad de Pago por Capitación (UPC), de las cuales el 39 % ya se encuentra vencida. Los días de recuperación de cartera pasaron de 125 en 2023 a 154 en el primer trimestre de 2025.
La presión financiera, según AFIDRO, se explica por el insuficiente ajuste de la UPC y la reducción del 5,14 % en los Presupuestos Máximos (PM) frente a 2024.
Aunque entre enero y abril de este año se giraron 29,8 billones de pesos, un 6,29 % más que en el mismo periodo del año anterior, el incremento no ha sido suficiente para cubrir los costos reales del sistema.
“Estamos frente a una asfixia financiera que se ha convertido en el mayor obstáculo para garantizar el acceso a la salud de los pacientes y usuarios”, advirtió Alejandro Escobar, de Sectorial, al señalar que la creciente morosidad está afectando la planeación operativa de prestadores y farmacéuticas.
La situación repercute directamente en los pacientes, que enfrentan barreras para acceder a servicios médicos, medicamentos y procedimientos. Ignacio Gaitán, presidente de AFIDRO, advirtió que resolver la crisis exige poner el foco en la falta de financiamiento y convocó al Gobierno, aseguradoras y prestadores a retomar el diálogo para construir soluciones sostenibles.
Entre las propuestas del gremio están: modernizar el cálculo de la UPC con criterios técnicos ajustados a la realidad epidemiológica, fortalecer la transparencia en la información financiera, y explorar nuevas fuentes de financiación como bonos de impacto social, asociaciones público-privadas, seguros inclusivos, regalías y obras por impuestos.
“Solo a través de una acción coordinada será posible estabilizar el flujo de recursos, garantizar la continuidad de los tratamientos y proteger el derecho de los pacientes a una atención digna y oportuna”, concluyó Gaitán.
