Entes de control advierten retrasos en la implementación de la Ley de Víctimas y los Decretos Ley Étnicos. Señalan que entre 2025 y 2031 se necesitarían más de $500 billones para garantizar la reparación integral, mientras miles de planes permanecen sin ejecutar y la mayoría de víctimas continúa en situación de pobreza.
La Defensoría del Pueblo, la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República hicieron un llamado urgente al Gobierno Nacional ante los rezagos en la ejecución de los recursos destinados a la política de atención y reparación a las víctimas del conflicto armado, incluyendo a comunidades étnicas.
En su informe presentado al Congreso, las comisiones de seguimiento a la implementación de la Ley 1448 de 2011 y de los Decretos Ley Étnicos (4633, 4634 y 4635 de 2011) alertaron que la baja ejecución y la falta de gestión han impedido avances sustanciales en reparación, restitución de tierras, vivienda y proyectos de generación de ingresos.
Según los cálculos, entre 2025 y 2031 se necesitarían alrededor de $101,1 billones para la implementación de medidas de reparación integral de comunidades étnicas y $407 billones para la Ley de Víctimas.
Sin embargo, el informe advierte que solo en 2024 quedaron sin ejecutar $1,5 billones para víctimas étnicas y $1,06 billones en la política general de víctimas.
Las entidades de control subrayaron que la situación es crítica en departamentos como Cauca, Nariño, Chocó y Valle del Cauca, donde la persistencia de riesgos para comunidades indígenas y afrodescendientes demanda protocolos concertados y el fortalecimiento de sus guardias de protección.
El panorama social también preocupa: a junio de 2025, el 65 % de la población víctima se encontraba en algún nivel de pobreza por ingresos, el 47 % sobrevivía con menos de $460.198 mensuales y cerca de 5 millones de personas permanecen en pobreza monetaria y extrema.
Los órganos de control recordaron que, de los 826 planes de reparación colectiva, apenas tres han culminado en más de una década, mientras que el 80 % de las órdenes judiciales de restitución de tierras continúa en rezago.
Así mismo, señalaron deficiencias en la atención humanitaria, los programas de vivienda con pertinencia cultural y la asistencia a víctimas en el exterior.
También, hicieron un llamado a fortalecer la planeación, crear unidades especializadas en derechos étnicos, actualizar el CONPES de víctimas, buscar nuevas fuentes de financiamiento y consolidar una estrategia nacional integral que garantice verdad, justicia y reparación para las más de nueve millones de víctimas registradas en el país.
