Documento de inteligencia señala que la cooperación incluye narcotráfico, lavado de dinero y operaciones ilícitas en la frontera colombo-venezolana, con nexos que llegarían hasta Irán y Hezbolá.
Un reciente informe de inteligencia internacional detalla cómo estructuras del régimen venezolano, encabezadas por el denominado Cartel de los Soles, que Estados Unidos identifica bajo el mando de Nicolás Maduro, mantienen una alianza estratégica con el Ejército de Liberación Nacional (ELN).
El documento sostiene que esta cooperación ha permitido la consolidación de corredores para el tráfico de cocaína, la instalación de campamentos y centros de entrenamiento, así como el desarrollo de operaciones militares ilegales y actividades extractivas en zonas limítrofes, especialmente en el Catatumbo, Arauca y Norte de Santander.
La investigación advierte que esta red delictiva se ha visto fortalecida por la crisis institucional en Venezuela, lo que facilitó que organizaciones armadas como el ELN operen en los estados fronterizos Apure, Táchira y Zulia, con respaldo logístico y protección de altos mandos militares. Entre las estructuras señaladas figuran miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana y de la Guardia Nacional Bolivariana.
El informe también vincula a esta alianza con redes internacionales asociadas a Hezbolá e Irán, implicadas en el lavado de dinero y en la exportación de cocaína hacia África Occidental y Oriente Medio. Según el análisis, la DGCIM actuaría como garante de impunidad y eliminadora de disidencias dentro de la red.
En el terreno, la cooperación se traduce en un aumento de la violencia transfronteriza: el ELN lanza ataques desde campamentos en Apure hacia Arauca y mantiene disputas con disidencias de las FARC y bandas criminales en el Catatumbo, donde ejerce control social y coordina cargamentos de droga con apoyo internacional.
El reporte concluye que esta estructura representa un “actor híbrido” que mezcla insurgencia, crimen organizado y respaldo estatal, lo que complica los procesos de paz en Colombia y proyecta el conflicto a escala regional. Como respuesta, recomienda sancionar a los oficiales implicados, reforzar la inteligencia fronteriza, combatir las finanzas de Hezbolá y aplicar estrategias integrales que combinen seguridad, justicia y desarrollo social.
