Boyacá, Cundinamarca y Chocó reportan bloqueos en puntos clave de su red vial, en medio de manifestaciones protagonizadas por comunidades locales y usuarios de servicios públicos. El sector productivo y logístico advierte sobre afectaciones a la operación de carga, provisión de insumos y cumplimiento de contratos.
Varios corredores estratégicos del país registran bloqueos parciales o totales este martes, en el marco de movilizaciones del sector minero, comunidades rurales y usuarios del servicio de energía, lo que ha generado interrupciones logísticas en zonas de alta actividad extractiva y agroindustrial.
De acuerdo con reportes regionales y fuentes gremiales, los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Chocó concentran los puntos críticos que amenazan la continuidad operativa de empresas mineras, transportadores y contratistas estatales.
En Boyacá, el paro minero-carbonero mantiene cerradas las rutas entre Ventaquemada, Puente de Boyacá y Paipa, así como el eje Sogamoso – Monguí – Tópaga, núcleo del pequeño y mediano productor de carbón coquizable. Las exigencias apuntan a mayor estabilidad en los contratos de compra, mejoras laborales y garantías frente a la incertidumbre regulatoria.
Mientras tanto, en Cundinamarca, las protestas afectan la Glorieta de la Vaca (entre Ubaté y Simijaca) y la vía Villapinzón – Tunja, ambas con participación activa del sector minero. A esto se suma la obstrucción de accesos rurales en Ubalá, donde comunidades campesinas exigen a la empresa Enel el cumplimiento de compromisos en la prestación del servicio de energía.
La vía Istmina – Quibdó, en el departamento del Chocó, permanece bloqueada por habitantes que denuncian retrasos en proyectos de vivienda, financiados con recursos de inversión pública. Según los líderes comunitarios, los contratistas han incumplido plazos y las instituciones no han ofrecido respuestas efectivas.
Gremios del transporte y la distribución de carga advierten que estos bloqueos pueden traducirse en interrupciones del flujo de insumos básicos, alzas en los costos logísticos y retrasos contractuales que afecten la economía regional. La circulación de carbón, alimentos, combustibles y materiales de obra se ha visto comprometida.
A juicio de organizaciones empresariales, la situación pone en evidencia la fragilidad de la infraestructura vial rural y la urgencia de mecanismos eficaces de resolución de conflictos sociales, especialmente en zonas donde la economía local depende casi exclusivamente de la movilidad carretera.
Finalmente, la alerta se mantiene en todos los corredores afectados, mientras los gremios llaman al diálogo urgente para evitar que las pérdidas económicas, por concepto de cargas detenidas, sanciones contractuales y deterioro de confianza en la operación productiva.
