Un grupo de exministros y exviceministros de Salud advierte que el Decreto 0858 del Gobierno representa una reforma estructural sin debate democrático, sin sustento técnico ni financiero, y que pone en riesgo la sostenibilidad y calidad del sistema de salud colombiano.
Un grupo de exministros y exviceministros de Salud expresó su rechazo al Decreto 0858 de 2025, expedido por el Gobierno Nacional con el propósito de transformar el sistema de salud.
En un comunicado conjunto, los firmantes calificaron la norma como una “reforma de facto” que prescinde del debate democrático y que podría agravar la ya crítica situación del sistema.
“El Decreto 0858 no soluciona la profunda crisis que enfrenta el sistema de salud. No garantiza la suficiencia de la UPC, carece de estudios técnicos transparentes, no tiene una financiación adecuada y debilita aún más el modelo actual”, señala el grupo.
Los expertos alertan que el decreto impone una transformación estructural sin pasar por el Congreso, sustituyendo pilares fundamentales del sistema de aseguramiento individual. Esta acción, aseguran, contraría la división de poderes y vulnera principios básicos de legalidad y deliberación democrática.
Además, advierten que el modelo propuesto genera incertidumbre institucional, operativa y financiera.
“Al trasladar funciones estratégicas a entes territoriales sin capacidad demostrada y exigir a las EPS responsabilidades que no pueden cumplir, el decreto desarticula los equilibrios básicos del sistema sin ofrecer garantías de sostenibilidad ni continuidad”.
El pronunciamiento también cuestiona la falta de estudios de impacto fiscal, territorial y operativo, y denuncia que el proceso de implementación plantea plazos irrealistas y carece de mecanismos sólidos de evaluación.
Según los firmantes, el decreto “estatiza de forma improvisada”, amenaza la libertad de elección de los usuarios, fragmenta la red de atención y pone en riesgo la calidad del servicio.
“Compartimos la importancia de fortalecer la atención primaria en salud y el talento humano, pero esta norma representa una imposición unilateral más ideológica que técnica”, subrayan.
Ante el panorama, el grupo solicitó al Consejo de Estado que establezca medidas cautelares para frenar la implementación del decreto mientras se evalúa su legalidad, e instaron al Congreso a asumir su rol histórico para corregir el rumbo de una reforma que consideran ilegítima.
También hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante y exigir que cualquier cambio al sistema de salud esté basado en evidencia científica, estudios actuariales independientes y un verdadero consenso social.
“La salud de 50 millones de colombianos no puede depender de decisiones improvisadas ni motivadas por intereses políticos”, concluyeron.
