La iniciativa busca prevenir incidentes con aeronaves no tripuladas que puedan comprometer la vida, la seguridad pública o la infraestructura crítica. El articulado contempla registros obligatorios, sanciones penales y decomisos.
Con el respaldo del Ministerio de Defensa y en articulación con autoridades civiles, el Gobierno Nacional presentó ante el Congreso un proyecto de ley para regular los Sistemas de Aeronaves No Tripuladas (UAS) y los Sistemas de Contramedidas (C-UAS).
La iniciativa, liderada por el ministro Pedro Arnulfo Sánchez Suárez, responde a una necesidad urgente de anticiparse a un fenómeno tecnológico con creciente potencial de uso delictivo. “Una amenaza real exige respuestas urgentes”, advirtió el jefe de la cartera de Defensa, al señalar que Colombia no puede quedar rezagada frente a los desafíos que plantean los drones mal empleados o sin trazabilidad.
El articulado propone la creación de un marco normativo riguroso para regular todos los aspectos vinculados con drones y sistemas antidrones, desde la fabricación e importación hasta su tenencia, operación y decomiso en caso de uso indebido.
Una de las medidas clave es el fortalecimiento del Registro Único Nacional de Aeronaves No Tripuladas (RUAS) y la creación de un nuevo Registro de Sistemas de Contramedidas (RC-UAS), lo que permitirá trazabilidad en tiempo real para autoridades civiles y militares. El diseño del proyecto es producto de un trabajo conjunto entre los ministerios de Defensa, Transporte, Tecnologías de la Información y Comunicaciones (MinTIC), la Aeronáutica Civil y la DIAN.
La regulación se concibe bajo un esquema de competencias compartidas, que articula capacidades del sector defensa con organismos de control tecnológico y logístico, a fin de equilibrar seguridad operativa y garantías civiles. En cuanto a las sanciones, el proyecto contempla multas de hasta 16 salarios mínimos mensuales legales vigentes (más de 760 mil pesos) para quienes operen estos sistemas sin autorización o con fines ilícitos.
Además, se tipifican delitos específicos que podrían conllevar penas de hasta 90 meses de prisión, con agravantes cuando se trate de ataques contra personas o instalaciones estratégicas.
Para el Ministerio de Defensa, este paso normativo es fundamental para contener una amenaza que ya no es hipotética, ya que, el uso ofensivo de drones por parte de actores criminales y grupos armados ha dejado precedentes preocupantes, tanto en contextos urbanos como en zonas de alta conflictividad.
Al cierre de la presentación del proyecto, el ministro Pedro Sánchez puntualizó que “con esta ley, tendremos mejores herramientas para defender la vida y evitar que nuestras tropas y ciudadanos sigan siendo blanco de ataques con drones armados. ¡Colombia no puede ser vulnerable frente a un riesgo tan real como letal!”.
