¡Sentencia en firme! El ‘caicedismo’ tiene que entregar la Gobernación del Magdalena

El Consejo de Estado certificó la ejecutoria de la sentencia que anuló la elección de Rafael Alejandro Martínez como gobernador del Magdalena, la cual quedó en firme el 30 de julio. Ahora corresponde al Gobierno Nacional designar gobernador encargado y convocar elecciones atípicas.

A través de un auto dirigido a las partes del proceso y al Ministerio del Interior, la Secretaría de la Sección Quinta del Consejo de Estado impartió constancia el 31 de julio de 2025 de la ejecutoria de la dilatada decisión judicial, que ha sido controvertida desde todos los frentes.

“La sentencia fue debidamente notificada y quedó legalmente ejecutoriada el 30 de julio de 2025 a las 5:00 p. m., fecha a partir de la que se debe cumplir la orden de nulidad”, certificó Ethel Sariah Mariño Mesa. Con dicha ejecutoria, quedó en firme la declaración de nulidad del formulario E-26 GOB del 26 de noviembre de 2023 y que había elegido a Martínez para el periodo 2024–2027.

El fallo original se emitió el 8 de mayo, luego de acumularse los procesos de nulidad electoral por doble militancia. Aunque la defensa interpuso recursos de aclaración, adición y nulidad, todos fueron rechazados el 24 de julio.

Sin embargo, el 29 de julio Martínez presentó una nueva solicitud que el magistrado ponente Luis Alberto Álvarez Parra calificó de “impertinente” y activó los mecanismos correctivos contenidos en la ley, ordenando “iniciar trámite incidental sancionatorio en contra de Rafael Alejandro Martínez por la presentación de la solicitud de aclaración y adición […] del 29 de julio de 2025”.

El despacho concedió al exgobernador un plazo de tres días hábiles para ejercer su derecho de defensa y ordenó ingresar el cuaderno respectivo para decisión de fondo. Mientras tanto, la orden de cumplimiento de la nulidad permanece vigente y obliga al Gobierno nacional a nombrar un gobernador encargado, por el momento, el cargo está en manos de Ingris Padilla.

Ahora la pelota está en las manos del Ministerio del Interior y el gobierno nacional que tienen la obligación de nombrar un gobernador temporal y convocar elecciones atípicas en el Magdalena.