María Fernanda Cabal y la sentencia contra Álvaro Uribe: un acto político disfrazado de justicia

“Una sentencia que deja más dudas que certeza”, fueron las duras palabras de Cabal quien desató una feroz crítica contra el fallo judicial a Álvaro Uribe.

La aspirante a la presidencia de Colombia, María Fernanda Cabal, no ha dudado en elevar su voz para cuestionar con crudeza el proceso judicial que culminó con la sentencia contra el presidente Álvaro Uribe Vélez.

Sus palabras, pronunciadas tras nueve horas de una audiencia que ella califica de “más teatro que justicia”, no solo desnudan una profunda desconfianza en el sistema judicial, sino que también trazan una línea clara entre lo que ella considera justicia imparcial y lo que percibe como venganza política disfrazada de derecho.

“Lo ocurrido durante las 9 horas de audiencia para leer la sentencia contra el expresidente Álvaro Uribe deja más preguntas que certezas jurídicas”, afirmó Cabal. Y con esta frase, abre una puerta que muchos colombianos ya han comenzado a golpear: ¿hasta qué punto puede una sentencia judicial resistir el escrutinio público si se percibe como sesgada?

Cabal no se limita a cuestionar el resultado. Va más allá, ataca la forma, el tono, y sobre todo, lo que ella interpreta como una falta de neutralidad por parte de la juez encargada del caso. Su crítica es contundente: la audiencia no fue un acto jurídico, sino una declaración política. Y lo más grave, según ella, es que esa declaración habría sido escrita “por las alegadas víctimas, todos enemigos políticos del expresidente Uribe”.

Este señalamiento no es menor. Implica acusar al sistema de permitir que el odio político se filtre bajo el manto de la justicia penal. Y aunque no se puede ignorar que Uribe ha sido figura relevante durante años, Cabal insiste en que el fondo del asunto no es la popularidad o impopularidad del acusado, sino la integridad del proceso.

Uno de los puntos más polémicos de su discurso es el rechazo a las pruebas presentadas. “Las interceptaciones telefónicas y el hallazgo del reloj espía, elementos centrales en la acusación” son calificados por Cabal como “pruebas viciadas”. Aquí, la senadora toca una fibra sensible del derecho: “si la evidencia fue obtenida con irregularidades, ¿puede sostener una condena?”. Su respuesta es clara, no. Y advierte que otorgarles validez es abrir la puerta a futuros abusos.

La juez en simpatía con Cepeda

Pero su crítica se vuelve aún más fuerte cuando aborda la figura de los testigos. Destaca con ironía y cierta mordacidad, “cómo se ha mitificado a personas como Miguel Ángel Monsalve, presentado como un ‘héroe civil’, mientras se victimiza a Deyanira Turbay por su género”. La insinuación es clara: se estaría otorgando credibilidad no por la solidez de los testimonios, sino por su carga simbólica o identitaria.

“Como si ser mujer otorgara automáticamente mayor credibilidad”, sentencia Cabal. Un comentario que, aunque polémico, obliga a reflexionar, “¿estamos evaluando pruebas o construyendo narrativas?”

Tal vez lo más explosivo de su intervención sea el señalamiento directo a la juez del caso. Cabal acusa a la magistrada de simpatía manifiesta hacia Iván Cepeda, el senador que promovió la investigación contra Uribe. El uso de “condescendencia impropia” y el respaldo incondicional a las visitas de Cepeda a cárceles, práctica cuestionada por posibles presiones indebidas sobre testigos son, para ella, indicios de parcialidad. Y en un sistema que exige imparcialidad, incluso la percepción de sesgo puede ser suficiente para erosionar la legitimidad.

Quizá la frase más potente de su fuerte crítica sea esta:

“Una justicia que vacila al leer su propio fallo, pero no duda en enviar un mensaje político, pone en riesgo la credibilidad de las instituciones”.

Es una advertencia severa. No solo al poder judicial, sino a todo el país. Porque si la justicia se convierte en un escenario donde se dirimen batallas políticas, entonces deja de ser justicia. Se convierte en instrumento de poder.

Cabal concluye con un llamado a la movilización: este fallo, dice, será “motor para luchar por un sistema de justicia que jamás vuelva a ser instrumentalizado para judicializar la política”. Una frase que suena a campaña, sí, pero también a advertencia institucional. Y no puede ignorarse que, como aspirante a la presidencia, Cabal no solo está construyendo una narrativa política, sino definiendo una visión de Estado.

¿Es imparcial el sistema judicial colombiano?

Las palabras de María Fernanda Cabal no pueden ser descartadas como meras declaraciones de una figura política. Se tocan temas que trascienden la lealtad partidista, la independencia judicial, la validez de las pruebas, el tratamiento equitativo de los testigos y la necesidad de que la justicia no se convierta en un arma política.

Su intervención obliga a preguntarse: ¿hasta qué punto el sistema judicial colombiano ha logrado separar el derecho del resentimiento político?

En Colombia, donde la desconfianza en las instituciones ronda niveles críticos, este caso no es solo sobre Álvaro Uribe. Es sobre el alma de la justicia y María Fernanda Cabal, con su tono crudo y su mirada crítica, ha decidido ponerla en el centro del debate.