El Consejo de Estado negó la medida cautelar solicitada en la tutela que interpuso contra la sentencia que anuló su elección como gobernador del Magdalena. El despacho concluyó que no se acreditó riesgo inminente ni perjuicio irremediable ni se cumplió con la carga argumentativa exigida.
La Sección Tercera del Consejo de Estado, en auto con ponencia de la magistrada Adriana Polidura Castillo, decidió admitir la acción de tutela interpuesta por el exgobernador Rafael Alejandro Martínez, pero rechazó de forma contundente la solicitud de medida provisional con la que buscaba suspender temporalmente los efectos de la decisión que invalidó su elección.
Esta decisión representa un ‘guantazo’ jurídico en las pretensiones del exmandatario, quien alegó la violación de sus derechos fundamentales a la participación política, la igualdad y el debido proceso. No obstante, el despacho fue enfático al señalar que no se acreditó ningún riesgo cierto, inminente ni grave que ameritara una intervención urgente del juez constitucional.
“La parte accionante no aportó elementos que permitan concluir que la falta de adopción de una medida provisional generaría un perjuicio significativo e irreparable”, se lee en uno de los apartes del auto interlocutorio donde se admite su acción constitucional.
Además, el tribunal subrayó que no se evidenció un nexo causal directo entre la sentencia de nulidad y una afectación actual a los derechos fundamentales invocados. El auto también cuestiona la solidez de los argumentos del accionante, al advertir que no se cumplió con la carga argumentativa ni se sustentaron con pruebas las afirmaciones sobre daño inminente.
Según el despacho, “la simple inconformidad con la sentencia cuestionada no habilita el decreto de una medida provisional”. Pese a la admisión formal de la tutela, la negativa a la medida cautelar debilita el ‘dilatorio’ camino judicial emprendido por Rafael Martínez, quien ahora deberá continuar el trámite sin el respaldo provisional que pretendía restablecer su cargo mientras se decide de fondo.
Finalmente, los accionantes de la demanda de nulidad, esperan que ahora sí quede en firme la sentencia, dando vía libre a la designación de un gobernador encargado y posteriormente a las elecciones atípicas.
