La Asociación de Usuarios de Sanitas denunció un agravamiento en la atención en salud desde la intervención estatal, justo cuando la Corte Constitucional publicó la sentencia que dejó sin efecto esa medida por violaciones al debido proceso.
En medio del fallo de la Corte Constitucional que revocó la intervención del gobierno a la EPS Sanitas, la Asociación de Usuarios expresó su profunda preocupación por el deterioro en la calidad de los servicios de salud desde que la Superintendencia Nacional de Salud asumió el control en abril de 2024.
A través de un comunicado, los usuarios afirmaron que sus advertencias sobre el posible agravamiento de la atención médica se han cumplido.
“Los usuarios reportan cada vez más dificultades para acceder a medicamentos, agendar citas con especialistas y recibir atención oportuna, poniendo en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes”. Cuestionaron, además, que se afirme una mejoría del sistema cuando, según ellos, la experiencia cotidiana muestra lo contrario.
La Asociación también rechazó los señalamientos sin pruebas contra el grupo Keralty, al que reconocen por haber contribuido a sostener parte del servicio frente al colapso que se ha visto en otras EPS intervenidas. Hicieron un llamado a una discusión técnica y respetuosa sobre los problemas estructurales del sistema, en la que se priorice el bienestar de los pacientes.
Corte Constitucional emitió la sentencia
Este pronunciamiento se conoció el mismo día en que la Sala Plena de la Corte Constitucional emitió la Sentencia de Unificación 277 de 2025 que revocó la intervención forzosa decretada por la Superintendencia de Salud. El alto tribunal consideró que se vulneraron garantías constitucionales en el proceso administrativo, dejando sin efecto tanto la resolución inicial del 2 de abril como las decisiones posteriores que la confirmaban.
La tutela que dio pie al fallo fue presentada por varias entidades del grupo Keralty, entre ellas la Clínica Colsanitas y Medisanitas. Con esta decisión, la EPS Sanitas volverá a estar bajo administración privada, luego de más de un año bajo control estatal.
