La Procuraduría indaga si recursos asignados para predios dirigidos a damnificados terminaron siendo utilizados para otros fines. Entre los investigados figuran Olmedo López, César Manrique y exdirectivos de la Fiduprevisora y la ANT.
Un convenio interinstitucional destinado a facilitar varios proyectos productivos para familias damnificadas terminó encendiendo las alarmas de los entes de control. La Procuraduría General de la Nación abrió investigación disciplinaria contra seis exfuncionarios de alto nivel, por posibles irregularidades que habrían derivado en el desvío de al menos $100.000 millones de pesos del erario.
La actuación disciplinaria está dirigida contra el exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), Olmedo de Jesús López Martínez, y al exdirector del Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP), César Augusto Manrique, quienes firmaron un convenio orientado a la compra de tierras para proyectos agrícolas, inicialmente diseñados para beneficiar a comunidades afectadas por emergencias.
Según las pesquisas preliminares, el acuerdo fue modificado con el argumento de atender urgencias derivadas de la temporada invernal. La Procuraduría intenta establecer si estos cambios respondieron a causas justificadas o si, por el contrario, ocultaron un cambio de destinación indebido de los recursos asignados.
También son objeto de investigación el exsecretario general de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), Daniel Medina González; el exsubdirector para el Conocimiento del Riesgo de la UNGRD, Luis Barreto Gantiva; y dos directivas de la Fiduprevisora, María Fernanda Jaramillo y Daniela Andrea Valencia.
Uno de los puntos centrales del expediente es determinar si los predios fueron efectivamente adquiridos, si hubo sobrecostos y si los beneficiarios finales corresponden a lo previsto en el Registro Único Nacional de Damnificados.
El caso se enmarca en un contexto más amplio de revisión sobre la ejecución de convenios interadministrativos durante 2023 y 2024, en los que la Procuraduría ha detectado patrones de modificación contractual, traslados presupuestales y ejecución sin trazabilidad suficiente.
