Tras la circulación de panfletos intimidatorios, presuntamente emitidos desde las cárceles La Picota y La Modelo, la Defensoría rechaza las amenazas contra servidores de la Personería de Bogotá y funcionarios del Inpec, y exige acciones urgentes por parte del Estado.
La tensión crece en los centros penitenciarios de la capital tras conocerse nuevas amenazas contra funcionarios públicos.
La Defensoría del Pueblo rechazó categóricamente los hechos que comprometen la seguridad de servidores de la Personería de Bogotá y del Cuerpo de Custodia y Vigilancia del Inpec, en medio de denuncias por intimidaciones provenientes, al parecer, del interior de las cárceles La Picota y La Modelo.
En un comunicado oficial, la entidad advirtió que «ninguna forma de violencia o intimidación puede ser justificada como mecanismo de exigencia de derechos», haciendo un llamado urgente a las autoridades nacionales para actuar con prontitud.
Las amenazas fueron conocidas el pasado 16 de julio, cuando comenzaron a circular panfletos firmados por sujetos identificados como Mago y Satán, en los que se advertía sobre posibles atentados contra funcionarios de la Personería e incluso un plan pistola dirigido contra dragoneantes del Inpec.
En el material intimidatorio, los responsables exigían que los funcionarios acudieran personalmente a los centros penitenciarios con soluciones específicas, otorgando un plazo de cuatro semanas para el cumplimiento de sus demandas.
Ante la gravedad de estos hechos, la Defensoría solicitó a la Fiscalía General de la Nación una investigación pronta y efectiva, y pidió que los hallazgos sean remitidos a los jueces de ejecución de penas, para que estos puedan tener en cuenta el contexto de intimidación en decisiones relacionadas con la libertad de los presuntos responsables.
Al Inpec, la Defensoría exigió medidas firmes para mantener el orden dentro de los establecimientos carcelarios y la creación de una ruta efectiva de denuncia y protección para los funcionarios bajo amenaza. A su vez, pidió a la Unidad Nacional de Protección (UNP) realizar las valoraciones de riesgo pertinentes y garantizar la seguridad de los funcionarios afectados y sus familias.
La Personería de Bogotá expresó su preocupación por la situación, que evidencia una creciente presión por parte de redes delictivas al interior de los centros de reclusión.
La Defensoría concluyó su pronunciamiento reiterando que el país no puede permitir que la amenaza armada se convierta en una vía de negociación dentro del sistema penitenciario, y advirtió que estos hechos representan un riesgo latente para la institucionalidad y el respeto a los derechos humanos.
