La corporación criticó fuertemente el Decreto 0799 de 2025, emitido por el presidente de la República y su ministro de Justicia, al considerar que socava la separación de poderes y vulnera la independencia judicial al excluir al Consejo de Estado del conocimiento de tutelas contra actos del Ejecutivo.
La Corporación Excelencia en la Justicia (CEJ) manifestó su rechazo rotundo frente al Decreto 0799 expedido el 9 de julio por el presidente de la República y el ministro de Justicia.
Para la entidad, la norma representa una “grave alteración del orden institucional” y contribuye a erosionar la separación de poderes en Colombia.
El decreto en cuestión le arrebata al Consejo de Estado la competencia para conocer de acciones de tutela interpuestas contra actos del poder Ejecutivo. Esta decisión ha generado inquietud, especialmente por su cercanía temporal con la suspensión provisional, por parte de la misma corte, del Decreto 0639 que pretendía convocar a una consulta popular sin el aval del Senado.
“La coincidencia sólo puede interpretarse como una clara retaliación del Gobierno Nacional contra la más alta corte de la jurisdicción contencioso administrativa”, señaló la CEJ en su comunicado, advirtiendo que esta medida pone en riesgo la independencia judicial, principio esencial para la democracia.
La CEJ calificó el decreto como viciado de ilegalidad, al no contar con el concepto previo de la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado, tal como lo exige el artículo 113 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.
Según la corporación, este requisito era obligatorio al afectar directamente las competencias de la corte.
“Es lamentable que el Gobierno pretenda justificar que, si las decisiones judiciales no favorecen sus intereses, puede simplemente retirarles las competencias a los jueces”, agregó la CEJ.
La organización hizo un llamado a que esta “arbitrariedad” sea corregida por los canales judiciales correspondientes, a través de las herramientas que el ordenamiento jurídico ofrece para garantizar el control judicial sobre los actos del Gobierno.
