Indepaz documenta el asesinato de 84 líderes y defensores de derechos humanos en Colombia. Calamar, Guaviare, fue escenario del más reciente ataque, donde murieron nueve personas, entre ellas dos reconocidos líderes comunitarios.
La violencia contra líderes sociales en Colombia sigue sin tregua. Con el asesinato de Maribel Silva y Óscar Hernández en el municipio de Calamar, Guaviare, el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) eleva a 84 el número de líderes y defensores de derechos humanos asesinados en lo que va del año.
Ambos líderes comunitarios fueron asesinados el pasado 2 de julio junto a otras siete personas, tras haber sido citados por integrantes del Frente Armando Ríos del Bloque Amazonas, grupo armado ilegal que opera en la zona.
Según versiones no oficiales, Silva y Hernández habían llegado desde Arauca después de la pandemia en busca de mejores condiciones de vida.
Maribel Silva era una reconocida lideresa y predicadora de la Iglesia Evangélica Alianza de Colombia en la vereda Aguabonita, mientras que Óscar Hernández fue expresidente suplente de la Junta de Acción Comunal del mismo sector. Ambos eran reconocidos por su liderazgo comunitario y su compromiso con la organización social del territorio.
El municipio de Calamar, en jurisdicción de la Cuarta División del Ejército Nacional, ha sido identificado por la Defensoría del Pueblo como un territorio de alto riesgo. A través de las Alertas Tempranas 012 y 019 de 2023, la entidad advirtió sobre el escenario de amenaza permanente que enfrentan quienes ejercen liderazgo social o defienden los derechos humanos en esta región.
La presencia de estructuras como el Frente Jorge Briceño del Bloque Jorge Suárez Briceño, además de bandas locales, agrava el panorama de inseguridad.
Según Indepaz, los asesinatos se han concentrado en 21 departamentos y 60 municipios, siendo enero y marzo los meses más violentos con 15 y 17 homicidios respectivamente.
La organización reitera que estos crímenes no solo vulneran los derechos fundamentales de las víctimas, sino que también atentan contra el tejido social y la construcción de paz en los territorios.
Organizaciones sociales y organismos de derechos humanos han exigido al Estado una respuesta más efectiva, incluyendo garantías reales para el ejercicio del liderazgo social, la protección de comunidades en riesgo y el desmantelamiento de los grupos armados ilegales que continúan sembrando terror en zonas rurales.
