La aspirante presidencial María Fernanda Cabal ha reiterado su llamado a la Comisión de Acusaciones del Congreso para que avance en la investigación sobre la presunta violación de topes electorales cometida por la campaña Petro Presidente en más de $5000 millones.
En un reciente trino publicado en su cuenta oficial de X, la precandidata María Fernanda Cabal Molina destacó la importancia de que esta investigación sobre la presunta violación de topes electorales cometida por Gustavo Petro Urrego continúe, y subrayó que la Comisión de Acusaciones ya no tiene excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución, que faculta para solicitar la pérdida del cargo presidencial.
La senadora Cabal, conocida por su lucha contra la corrupción y su rol como defensora de los valores y principios constitucionales, expresó:
«Como corresponde debe avanzar esa investigación y la Comisión de Acusaciones se quedó sin excusa para aplicar el artículo 109 de la Constitución sobre la pérdida del cargo de Petro por violación de topes electorales».
Estas palabras llegan en medio de una serie de revelaciones y denuncias que han sacudido al gobierno actual, especialmente relacionadas con supuestas irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de 2022.
El Consejo Nacional Electoral (CNE), según un comunicado oficial, confirmó que continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de campaña del Pacto Histórico, coalición política liderada por el presidente Petro.
El CNE, en un documento compartido por la senadora Cabal, señaló:
«El Consejo Nacional Electoral continuará con la investigación sobre la presunta violación de topes de la campaña presidencial del Pacto Histórico 2022, de conformidad con el ordenamiento jurídico y acatando lo que dispongan los órganos judiciales. El procedimiento sancionatorio continuará respecto de los sujetos que de acuerdo con la Ley deban responder por la posible infracción a la normativa electoral.»
Este anuncio del CNE respalda las afirmaciones de la líder opositora quien ha sido una de las voces más críticas en torno a estas investigaciones. Su llamado a la Comisión de Acusaciones resalta la necesidad de que el proceso no quede en manos únicamente del ente electoral, sino que también sea abordado desde el ámbito legislativo, donde se puede solicitar la pérdida del cargo presidencial si se comprueba la violación de topes electorales.
Contexto legal y político
El artículo 109 de la Constitución Política de Colombia indica que “Para las elecciones que se celebren a partir de la vigencia del presente acto legislativo, la violación de los topes máximos de financiación de las campañas, debidamente comprobada, será sancionada con la pérdida de investidura o del cargo. La ley reglamentará los demás efectos por la violación de este precepto”. En este caso, Cabal argumenta que la violación de topes electorales constituye un hecho grave que podría justificar la aplicación de este mecanismo, pues en el artículo, que fue modificado por el Acto Legislativo 1 de 2003, se menciona que, en caso de comprobarse que Gustavo Petro haya violado los márgenes establecidos para la contienda se determinará la salida del cargo.
Reacciones y perspectivas
Las declaraciones de la precandidata presidencial han generado debate en el escenario político nacional. Desde la perspectiva legal, el proceso sigue su curso en el CNE, pero la senadora insiste en que la Comisión de Acusaciones debe asumir su responsabilidad y actuar de manera contundente. Este caso refleja no solo una disputa política, sino también un desafío a la institucionalidad y la confianza ciudadana en el sistema electoral.
Conclusión
María Fernanda Cabal mantiene su posición firme en favor de una investigación exhaustiva y transparente sobre la presunta violación de topes electorales durante la campaña de 2022. Su llamado a la Comisión de Acusaciones para que aplique el artículo 109 de la Constitución refleja una visión de rigor institucional y compromiso con la legalidad.
Mientras el CNE continúa con sus indagaciones, el futuro de este caso dependerá de cómo respondan tanto los organismos electorales como el Congreso en un momento clave para la democracia colombiana.
